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14 de noviembre 2019 | 5:00 am

La designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha generado una ola de rechazo entre políticos, académicos y miembros de la sociedad civil, que ven en su cercanía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una traba para que el organismo cumpla con sus funciones y emita recomendaciones.

La noche del martes, Piedra Ibarra -respaldada por Morena- tomó protesta a su cargo en el Senado de la República, pese al rechazo de grupos de oposición encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN), quienes acusaron irregularidades en la votación en donde resultó electa para el cargo.

Piedra competía con los abogados Arturo Peimbert y José de Jesús Orozco, que cuentan con experiencia en materia de defensa de derechos humanos a nivel internacional.

“Nos pronunciamos por los procesos democráticos, realizados conforme a derecho y el respeto al carácter autónomo de la CNDH. Reprobamos que en un recinto cuya finalidad es el ejercicio y salvaguarda de la democracia, se den procesos opacos e imposiciones inflexibles de esta naturaleza, aún más, tratándose de un nombramiento coyuntural y esencial en el rumbo de la defensa de los derechos humanos en un país como el nuestro”, señaló este miércoles la asociación civil Reinserta en un comunicado.

En redes, especialistas, políticos y organizaciones civiles se manifestaron también en contra del nombramiento.

Riesgo institucional

La elección de Piedra Ibarra como titular de la CNDH, además de encender las alertas por su falta de transparencia, amenaza con debilitar a una institución cuya principal función es vigilar y garantizar que el gobierno no violente a los ciudadanos. Es decir, ser el contrapeso del poder.

“Lo único que tiene un comisionado de derechos humanos es su imagen, su independencia y su ética. Entre más represente estas tres cosas, más va a valer su palabra. Ahora no estamos viendo eso”, dice Cruz Silva, coordinadora del área de Estado de Derecho en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Por ello, la cercanía de la nueva presidenta – afiliada a Morena y que fue respaldada por la fuerza política para un puesto legislativo federal el año pasado – con el gobierno, supone un obstáculo para que el organismo realice sus actividades de manera independiente.

La independencia y la autonomía se construyen cotidianamente con las observaciones y las recomendaciones generales; la Comisión es la representante de los ciudadanos, no del poder

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

En este espíritu, es necesario que las víctimas de violaciones a derechos humanos estén en el centro de la CNDH, que se hagan recomendaciones sin filias políticas y que se les dé seguimiento, considera.

Recomendaciones, el eterno problema

Si bien mantener la autonomía de la CNDH se presenta como el reto principal de Rosario Piedra, la emisión y seguimiento de las recomendaciones que realiza este organismo autónomo es uno de los aspectos más urgentes, coinciden organizaciones civiles.

La investigación, generación, seguimiento y resolución de las recomendaciones siempre ha tenido serios problemas.

En este sentido, es necesario que la CNDH fortalezca el análisis de contexto al momento de hacer pesquisas sobre posibles violaciones a derechos humanos y que sus recomendaciones no solo enlisten las violaciones, sino que se dialogue con las comunidades, considera Reneaum.

Sin embargo, la cercanía de la nueva titular de la institución podría agregar más problemas de los que resuelve.

Ya era complejo, era difícil y se hacía mal, pero ahora con el elemento político-partidario (de Piedra) se dificulta aún más que las recomendaciones vayan a cumplirse

, considera Silva.

Idealmente, las recomendaciones emitidas por este órgano autónomo deberían ser atendidas por el gobierno federal y servir para cambiar prácticas internas que garanticen la no repetición de las violaciones.

Sin embargo, la narrativa que maneja Piedra, en la que señala violaciones a derechos humanos cometidas en sexenios pasados, sin reconocer los hechos ocurridos esta administración, generan dudas no solo sobre qué recomendaciones emitirá y a quién, sino sobre las garantías que dará a víctimas y familiares, dice Silva.

El martes, tras su nombramiento, Piedra desconoció los crímenes contra periodistas, que suman 10 en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, la organización Periodistas Víctimas de Desplazo Interno Forzado en México presentaron una queja contra la ahora funcionaria ante la organización que dirige.

Con información de Alejandro Juárez.