El anuncio reciente de Puebla, estado morenista, sobre su nueva estrategia energética estatal es un avance, pero el impacto real dependerá de cambios en la normativa, legislatura y voluntad política de ambos niveles de poder.
“Me parece que estos proyectos ayudan a tener una promoción directa a la inversión y el crecimiento y desarrollo de los estados porque cada territorio conoce sus necesidades propias y dónde deben enfocar los recursos, así como sus fortalezas estratégicas”, explica Abril Moreno, especialista del sector.
El gobierno federal, dice, tiene una visión general y “puede decantarse por algunos estados”, por lo que sería importante que no beneficien sólo al empresariado, sino también a las comunidades vecinas de los proyectos.
Moreno resaltó también que el impacto económico de los eventuales proyectos dependerá de la capacidad de los gobiernos para impulsar programas educativos y de capacitación que permitan a la comunidad local adquirir las capacidades necesarias para integrarse a los nuevos proyectos aterrizados gracias al impulso estatal.
“En este sentido, el tiempo nos dará la razón de si habrá un cambio o no”, explicó Santiago Arroyo, abogado experto en el sector. “Debemos darle un voto de confianza a la Agencia Estatal de Energía de Puebla, que está haciendo todo lo contrario a las políticas energéticas de la administración federal. Ellos están siguiendo la reforma energética al pie de la letra promoviendo las inversiones necesarias. El tiempo dirá si funciona o no, pero además se le está dando un enfoque social”.
Arroyo resaltó la importancia de que el gobierno poblano sea de extracción morenista, pero advirtió que existe la posibilidad de que una protesta de Sener o CFE pudiera parar los avances impulsados por la agencia estatal. El riesgo aumenta dada la historia del estado con conflictos de derecho de paso en proyectos como gasoductos.
La Agencia de Energía de #Puebla incentivará la inversión para detonar el desarrollo y el bienestar social. Así produciremos más y mejor energía siempre cuidando el medio ambiente. pic.twitter.com/RLr4feNEF9
— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) March 5, 2020
La experta explicó que Puebla no es el primer estado en establecer una propuesta estatal de esta naturaleza, pero consideró que el alcance real de estas dependerán en gran medida de cambios legislativos y normativos, así como voluntad política en distintos niveles de gobierno.
“Se requiere del involucramiento de ambas. Por ejemplo, la mayor parte de los permisos de construcción son municipales y este nivel se podría beneficiar de pactos con CONUEE que requirieran mejores tecnologías y provocaran mayor bienestar al usuario final”.
Existen también otros elementos arcaicos en la constitución nacional, como el artículo que decreta la electricidad y el petróleo como propiedad de la nación y a las empresas productivas del estado como concesionarias de estos bienes.
Un ejemplo de la disyuntiva legislativa ocurre en Coahuila y Tamaulipas, estados que tienen un enorme potencial para producción de gas natural a través de fracking. Moreno explicó que presidencia puede prohibir a Pemex la utilización de esta técnica para producir gas, pero una prohibición total requeriría de cambios importantes en el marco legislativo.
En este sentido, Arroyo advirtió que representantes como Armando Guadiana, actual presidente de la comisión de energía del Senado y representante por Coahuila, podrían vetar un movimiento en este sentido a sabiendas del potencial que esta tecnología significaría para los territorios que representan.
