El gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede perseguir delitos de corrupción ocurridos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto sin que estos prescriban, según la Constitución Política de México.
Además, una acción ilícita ocurrida durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa también puede ser procesada jurídicamente, explica Francisco Jiménez Reynoso, abogado constitucionalista de la Universidad de Guadalajara (UDG).
“Los delitos de los que se les señala son graves. El periodo de prescripción puede ir desde los 10 hasta los 15 o 20 años. La gravedad define la temporalidad de la prescripción”, dice el experto.
El artículo 109 de la Constitución establece que los servidores públicos recibirán sanciones administrativas por “los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos”.
En tanto, el artículo 114 dice que cuando dichos actos u omisiones sean considerados graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. No obstante, los procesos varían dependiendo del cargo público del acusado.
Para legisladores, ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de Despacho, Fiscal General y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, la Cámara de Diputados decidirá por mayoría absoluta si el juicio político tiene lugar.
En el caso de los expresidentes de la República, se deberá recurrir a la Cámara de Senadores, según lo que establece el artículo 110.
“Esto quiere decir que sí podríamos ser testigos del primer proceso judicial en contra de un grupo de altos exfuncionarios en las últimas décadas”, dice Jiménez Reynoso.
Leyes en el caso Lozoya
El 12 de agosto, López Obrador declaró que Peña Nieto y Calderón Hinojosa deben declarar por el presunto caso de corrupción entre la constructora Odebrecht y el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.
“Que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas (…) Tienen que declarar el expresidente Calderón y el expresidente Peña”, dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina.
El exfuncionario se encuentra en proceso de convertirse en testigo colaborador para la Fiscalía General de la República (FGR).
Hasta el momento Lozoya Austin ha señalado a Peña Nieto y a su exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray, de haber recibido sobornos de la firma brasileña por alrededor de 4.5 millones de dólares para financiar la campaña electoral del priista en 2012.
Tras el anuncio, surgieron rumores sobre la supuesta prescripción de los delitos de Lozoya Austin, lo que abriría la posibilidad de quedar impunes. Todos los delitos tienen un periodo de prescripción, salvo los de lesa humanidad, como pueden ser genocidio o tortura.
Sin embargo, la prescripción puede ser la más extensa, y yo creo que todavía estamos en tiempo y forma para que no se aplique este beneficio al exservidor público, dice Adán Gómez, abogado penalista.
Lozoya Austin también vinculó a Calderón con presuntas irregularidades en la construcción de una planta petroquímica en México por parte de Odebrecht.
López Obrador sostuvo que varios exlegisladores deben ser llamados a rendir cuentas. La Fiscalía asegura que Odebrecht obtuvo en México un “beneficio” de 39 millones de dólares por la “adjudicación de obras”.
Lozoya es procesado por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
