Miembros de la iniciativa privada solicitaron a los legisladores de la Cámara de Diputados que sancionar a las empresas responsables de realizar malas prácticas en lugar de eliminarla por completo “porque son una fuente de empleo” en el parlamento abierto para discutir la eliminación o reforma del outsourcing, que convocó hasta 70 personas.
Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aseguró que este parlamento incluirá la participación de trabajadores, empresarios y funcionarios del gobierno federal.
“Es necesario garantizar derechos humanos, sociales y labores de las y los trabajadores”, expresó el presidente de la Jucopo.
EN VIVO / Parlamento Abierto en materia de Subcontratación (Outsourcing) https://t.co/mv8MzOY2VM
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 23, 2020
El tema ha sido planteado desde que se realizó la reforma laboral en mayo de 2019, sin embargo, 14 meses después se discutió también a nivel federal, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara durante distintas conferencias matutinas que busca la eliminación definitiva de este esquema laboral.
Hasta el momento, se han presentado siete proyectos de iniciativas que tienen el objetivo de diseñar candados que eviten la evasión de impuestos e incumplimiento de obligaciones por parte de los empresarios.
Asimismo, Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conmexico), sugirió que la reforma -resultado de un consenso general- entrara en vigor hasta 2022 para darle un margen de acción certero a las empresas que se dedican a prestar servicios especializados.
Raúl Maillard, presidente de la Comisión Laboral de Canacintra, calificó que las sanciones que contempla la iniciativa que envió el titular del Ejecutivo el pasado 12 de noviembre son “contrarias a derecho” y que sólo responde a la intención del gobierno federal de incrementar los niveles de recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En la Mesa II de la discusión, se destacó que la iniciativa no prohibe la subcontratación, sino que se renombra y permite para que la contratación secundaria sea solamente especializado. Para ello, se tiene que definir con claridad cuáles son esos servicios.