Distintas organizaciones no gubernamentales (ONGs) reprobaron el acuerdo aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 24 de mayo y expusieron algunas preocupaciones en esta materia, pues consideran que es un freno a la transición energética en México.
Mediante un comunicado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México, Iniciativa Climática de México (ICM) y Nuestro Futuro, expresaron que el acuerdo sobre la regulación de la energía libre de combustibles requiere mayores aclaraciones.
En este sentido, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que ordene que no se publique el acuerdo y solicite más información a la Secretaría de Energía (Sener), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la misma CRE.
Creemos que es esencial asegurar la transparencia y la alineación con el compromiso de México hacia una transición energética justa, responsable y sostenible, preservando nuestras alianzas internacionales
expresaron las ONGs.
A través del acuerdo, la CRE modifica la regulación y las definiciones de lo que se considera energía limpia para incluir en esta categoría procesos y combustibles que producen contaminantes.
No obstante, las organizaciones apuntaron que esto no sólo representa riesgos para la salud de la población mexicana, sino que también contribuye al calentamiento global.
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Cambios en la regulación energética, dudosos
Las ONGs refirieron que el acuerdo comprende información equivocada sobre el progreso real de las energías renovables en México, ya que los cambios propuestos hacen creer al mundo que el país incrementa el porcentaje de energías renovables en su matriz energética cuando en realidad no lo hace.
Por otro lado, expusieron que existen ciertos impedimentos para alcanzar los objetivos de transición energética: La Ley de Transición Energética obliga a alcanzar un objetivo del 35% de energías renovables para 2024, mientras que la Ley General de Cambio Climático —en su artículo 3 transitorio, inciso e)— hace mención al 35% de energía limpia para 2024.
Sin embargo, la suspensión de las subastas a largo plazo en 2018 y las modificaciones de las normas de despacho que favorecen a los combustibles fósiles en vez de favorecer a las energías renovables, han obstaculizado la consecución de este objetivo
refirieron.
También coincidieron que el nuevo acuerdo no añadirá ni un solo megavatio de capacidad de energías renovables a la matriz eléctrica, ni reducirá toneladas de bióxido de carbono adicionales a las medidas que se consideraron para avanzar con el cumplimiento de las metas prometidas por México en la última COP.
Por último, determinaron que con la aplicación de este acuerdo se frena (aún más) la transición en el sector eléctrico en México, así como la violación del derecho humano a un medio ambiente sano.
