El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) aseguró que la participación de la Secretaría de la Defensa (Sedena) en proyectos de infraestructura no es exclusiva de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, su nivel de involucramiento ha sido inédito y lo que preocupa es que se ha desarrollado con opacidad.
De acuerdo con el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, entre 2019 y 2023, la dependencia ha participado en 2,823 obras de infraestructura, lo que deja ver un aumento significativo si se compara con los sexenios de Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto, donde el ejército incursionó en 851 obras civiles y militares.
De acuerdo con el IMCO, la participación de la Sedena en obras públicas está dentro del marco legal, ya que se fundamenta en Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos (LOEFAM).
Sin embargo, el instituto señala que las obras civiles a cargo del ejército se han desarrollado en un contexto de opacidad, debido a que no es posible conocer a detalles las condiciones en las cuales la Sedena subcontrata a otras empresas para cumplir con los proyectos.
Además, agrega, existe poca transparencia en los recursos que la dependencia destina a la construcción de obras para otras instituciones públicas bajo la figura de convenios de colaboración.
Principales riesgos de la participación de la Sedena en obras públicas
El IMCO señala que existen cinco problemas asociados a la participación de la Sedena en el desarrollo de obras públicas.
- Opacidad en el uso de recursos presupuestales
- Falta de transparencia en sus convenios de colaboración
- Irregularidades en el ejercicio del gasto
- Reserva de información por razones de seguridad nacional
- La falta de información referente a la subcontratación para la construcción
El IMCO asegura que la gestión de la obra pública de la Sedena no solo ha sido opaca en el ejercicio de recursos públicos, sino que además ha registrado irregularidades como pagos indebidos, tanto en la adquisición de materiales como en la nómina.
En cuanto al monto total transferido mediante convenios de colaboración con la dependencia para desarrollar obra pública entre 2019 y 2022, éste es de al menos 191 millones de pesos, señaló el IMCO.
Recomendaciones del IMCO
Para garantizar la integración de los recursos dedicados a la inversión de infraestructura del México y reducir la opacidad y la discrecionalidad en los gastos, el IMCO propone que se transparenten las obras públicas en bienes propios que la Sedena considere no clasificadas como de seguridad nacional, señalando la fecha de la obra, quienes participaron y si fue administrada por la Dirección General de Ingenieros.
Además, señala que se debe exigir desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que las información sobre los convenios de la Sedena y otras instituciones estén completas y detalladas.
Por último, propone que desde el Poder Legislativo se reforme el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, para que se divida en dos fondos con distintas reglas de operación.
El IMCO asegura que estas medidas pueden contribuir a fortalecer las capacidades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con el fin de que vuelva a ser la institución encargada del desarrollo de la infraestructura en el país.
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