La Cámara de Senadores discute esta semana en periodo extraordinario de sesiones la reforma para constitucionalizar la revocación de mandato, una figura que implica un riesgo de incidir en los resultados de las elecciones federales de 2021, pero también puede fomentar que el gobierno empiece a actuar en función de “lo que es popular”.

De acuerdo con expertos en derecho constitucional, la implementación de esta medida el mismo año que los comicios, en los que se renovará el Congreso y se elegirán nuevos gobernadores en 15 estados, tendría consecuencias que podrían favorecer a Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la aprobación popular con la que actualmente cuenta.

“Para que funcione una posible revocación de mandato deben modificarse las leyes electorales y se debe garantizar que no será utilizado con fines políticos ni aplicarse de inmediato para evitar que traiga ‘dedicatoria’ en favor o contra de alguien”, dice Francisco Jiménez Reynoso, doctor en Derecho del Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco.

Sin embargo, también se contempla el peligro de que la necesidad de aprobación para mantener los cargos, orille a los representantes a dirigir la política del país a través de medidas “populistas” que omitan las responsabilidades que implica gobernar, advierte Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista.

Tras el primer día de sesión extraordinaria en el que se abordó el tema de la revocación de mandato, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que no se logró una cuerdo para la aprobación de la reforma constitucional.

Para que la reforma sea aprobada, debe contar con el voto a favor de al menos 80 Senadores. Por ahora Morena cuenta con los votos de sus 59 representantes y 11 de sus aliados el Partido del Trabajo y Encuentro Social.

El periodo extraordinario de sesiones termina el próximo viernes 21 de junio.

Polémica por posible politización

La revocación de mandato es el acto mediante el cual la mayoría absoluta de los
ciudadanos tienen derecho para recusar el nombramiento de las autoridades, según lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El 14 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma constitucional que permitirá que el presidente López Obrador pueda someter a consulta el cargo que ostenta en 2021, por lo que solo falta el visto bueno del Senado para que la reforma pueda ser promulgada por el poder Ejecutivo.

Desde que se oficializó dicha propuesta, los partidos de oposición se manifestaron en contra por considerar que la presencia del mandatario en las boletas de las elecciones federales intermedias beneficiaría a Morena, partido que corre el riesgo de perder la mayoría en la Cámara baja durante dichos comicios.

En total, los cargos públicos que estarán en juego durante las elecciones de 2021 son: 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 27 diputaciones locales y 24 ayuntamientos, según el calendario electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante el primer día del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Senadores, la bancada del PAN rechazó la propuesta que hizo más temprano López Obrador de modificar la fecha para la realización de la consulta sobre revocación de mandato al 21 de marzo de 2021.

Sánchez de Tagle propone que se establezca la revocación de mandato hasta que todos los representantes vigentes hayan concluido sus periodos actuales, para evitar el riesgo de que comiencen a gobernar “en función de lo que es popular”.

La revocación de mandato en el mundo

Actualmente la figura de revocación de mandato está contemplada en las constituciones de Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas a nivel estatal, es decir que puede aplicar para los gobernadores de dichas entidades, para los presidentes municipales o para los diputados locales.

Además, en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán se puede aplicar a solamente a nivel de ayuntamientos.

En el mundo se tienen varios precedentes de la implementación de revocación de mandato.

Uno de los casos más conocidos es el del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien en 2004 se sometió al refrendo y logró ratificar su cargo como mandatario.

También en Bolivia existe esta figura, la cual debe ser convocada a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En 2016, con Evo Morales como presidente del país sudamericano se intentó aplicar la consulta pero el congreso boliviano no lo aprobó.

En Argentina, Alemania, Colombia y Perú también es posible convocar a consulta la revocación de mandato, pero solamente a nivel estatal. El mismo caso se da en Estados Unidos.

El caso más reciente en dicho país se dio en 2003, cuando el gobernador demócrata de California, Gray Davis, fue removido de su cargo y en su lugar los ciudadanos del estado sureño eligieron al actor Arnold Schwarzenegger, según reportes periodísticos locales.