La Ley de Austeridad Republicana regresará al pleno de la Cámara de Diputados este martes para su aprobación, pese a las críticas de funcionarios y especialistas por el candado de 10 años que pretende impedir a los servidores públicos trabajar en empresas con las que hayan tenido relación durante su encargo.
El objetivo de esta medida es separar el poder económico del poder político, una de las principales promesas realizadas en campaña por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el domingo el coordinador de Morena en la Cámara baja, Mario Delgado.
Sin embargo, impedir que un funcionario acceda a trabajar al sector privado luego de dejar su encargo gubernamental hace menos atractivo el trabajo en el gobierno, estima José Florencio Fernández Santillán, profesor del Tecnológico de Monterrey.
“Estos candados no tienen por qué existir. Me parece un ademán autoritario; en ningún otro país se te impide trabajar en el sector privado cuando sales de la administración pública. El gobierno está actuando contra sí mismo”, considera.
Originalmente, la restricción era únicamente por cinco años. Sin embargo, durante su análisis en el Senado de la República, los legisladores determinaron duplicar el plazo.
La restricción que quieren imponer los legisladores ya está presionando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde al menos 42 personas han renunciado en esta administración, por las preocupaciones derivadas de la ley y la reducción a sus sueldos.
La Ley de Austeridad Republicana pretende “regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”, se dice en el texto.
Entre otras cosas, la ley elimina la pensión a expresidentes y prohíbe contratar seguros médicos, de vida o de separación con recursos públicos.
Para Fernández Santillán, esta medida es un “galimatías” que no ayudará a racionalizar la administración pública ni abonará a conseguir justicia social, sino que favorecerá el clientelismo.
Esta legislación solo aplica para funcionarios federales, y no aplica para quienes laboran en dependencias estatales o municipales.
La partida ‘secreta’
Otro de los puntos conflictivos con el dictamen es la existencia de una “partida secreta”, que permite que el dinero ahorrado por las medidas de austeridad se destine a otros rubros, dispuestos de manera discrecional por el presidente.
La adición al artículo 61° de la Ley Federal de Presupuesto, contemplada dentro de las normas a modificarse para dar cabida a la Ley Federal de Austeridad Republicana marca que los ahorros generados por la austeridad republicana “deberán destinarse a los programas del ejecutor del gasto que los genere; por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.
