La minería y el fracking no están detonando el desarrollo de las comunidades que viven cerca de sus centros de operación, por lo que es necesario replantear el modelo tomando en cuenta los impactos socioambientales de sus actividades.
Tras la aprobación de la Reforma Energética en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), las actividades extractivas tuvieron un impulso. Sin embargo el desarrollo que se dijo vendría aparejado con ellas nunca llegó, destaca el reporte ‘Anuario 2018: Actividades extractivas en México’ del centro de análisis e investigación Fundar.
El extractivismo es un modelo que se encarga de explotar la riqueza natural para exportar a otros países sin otro valor agregado.
Entre 2013 y 2018, el costo de la gasolina aumentó 77%, mientras que la producción de hidrocarburos cayó 28%. En el mismo periodo, el porcentaje de los ingresos petroleros al sector público pasaron de 33% a 19%, detalla el estudio.
“Cada vez es más difícil extraerlo (el petróleo), es más costoso y tiene más riesgos para la salud”, dijo Francisco Reynoso, coordinador del estudio.
Fracking, ¿promesas vacías?
La fractura hidráulica, o fracking, fue uno de los focos del estudio, debido a los riesgos para la salud de las comunidades aledañas y la contaminación que genera.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado en varias ocasiones que su gobierno no recurrirá a la fractura hidráulica para producir más gas natural y en el Legislativo hay iniciativas de ley para prohibir la práctica. Sin embargo, la realidad es diferente.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el Proyecto Aceite y Gas en Lutitas (fracking) recibirá 3,350 millones de pesos, casi el doble de los 1,705 millones que recibió el año pasado.
El presidente ha dicho varias veces que no (habrá fracking) pero la Secretaría de Energía no lo excluye, hasta hace meses seguían asegurando que lo iban a hacer
, dijo Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
El experto reconoce que el tema es complejo. El gas natural, obtenido por medio de fracturas hidráulicas, es uno de los principales insumos para generar energía eléctrica. En 2016, casi 70% de la energía eléctrica del país fue creada con esta sustancia.
En la última década, México prácticamente ha triplicado sus importaciones de gas natural, de acuerdo con cifras del Sistema de Información Energética. La mayor parte proviene de Estados Unidos.
Pero el problema no solo tiene una arista económica. El fracking es criticado por los problemas socioambientales que genera.
Actualmente, son 118 municipios de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Hidalgo Coahuila los que son potencialmente afectados por las actividades relacionadas al fracking, dice el documento Impactos del fracking en las mujeres del grupo Alianza Mexicana contra el Fracking, retomados de la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De estos, Veracruz es la entidad con mayor número de concesiones para la explotación de hidrocarburos de manera no convencional.
Minería, en crecimiento desmedido
Los proyectos mineros crecieron 77% en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero los municipios donde se realizaron las actividades extractivas no se beneficiaron de ellas, explica el estudio.
Las comunidades donde se realizan actividades de extracción minera se encuentran cerca de la línea de la pobreza y, en algunos casos, apenas por encima de la línea de la pobreza extrema, detalla el estudio.
Esto se debe, en parte, a que los fideicomisos enfocados a desarrollo de la comunidad se utilizan para crear infraestructura, como carreteras, que benefician más a las empresas de la zona que a sus pobladores, señala Fundar.
Por lo anterior, los activistas destacaron que uno de los principales retos que enfrenta el gobierno actual es cambiar la inercia de estos modelos económicos y optar por otros que conlleven desarrollo.
No hay desarrollo posible sin el respeto a los derechas humanos, pero no es posible el acceso a derechos humanos en un ambiente devastado
consideró Areli Sandoval, coordinadora de Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
