9 de enero 2019 | 5:00 am

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La violencia en contra de políticos y funcionarios públicos no cesa en México.

Tres crímenes en los primeros días del 2019 en Oaxaca dieron muestra de que la tendencia de los sexenios pasados continúa y no se ve una estrategia clara para hacerle frente en la administración que inicia con Andrés Manuel López Obrador.

Apenas acababan de pasar unos minutos de su toma de posesión cuando Alejandro Aparicio Santiago, presidente municipal de Morena, fue asesinado en Tlaxiaco el 1 de enero. El ataque también dejó otra víctima, el síndico Perfecto Hernández.

Un par de días después en la misma entidad, Cutberto Porcallo, uno de los fundadores de Morena en la región sufrió un atentado en Villa de Tututepec. También murió.

El 6 de enero en la madrugada, Pedro Navarrete Lucero, miembro del Movimiento de Regeneración Nacional, fue atacado y su estado de salud es delicado.

Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, especializada en temas de violencia política, califica al fenómeno como “muy preocupante”. Según investigaciones propias que compartió a EL CEO, considera que es un tema que corre en una vía distinta al clima de violencia generalizada.

En el caso del gobierno de López Obrador sí es un problema inédito en el país tener esta ola de asesinatos y sobre todo porque están muy enfocados en lo local. El 82% de los políticos asesinados el año pasado fue a nivel municipal

Para Salazar, eso indica que la violencia está a ras de suelo, en el nivel primario de la política nacional.

Un nivel donde se lleva a cabo una política real, política de tierra,  muchas operaciones que se llevan a cabo en el ámbito local y por eso la intensidad. No es fácil atender un problema así de la noche a la mañana

Rubén Salazar.

Una sangrienta tendencia

El país vivió el año pasado el proceso electoral más violento de su historia. En los meses de las campañas electorales ocurrieron 112 crímenes contra políticos, mientras que en la etapa de la transición fueron 47, para dar un total de 159 víctimas, según el informe anual Indicador de Violencia Política que realiza Etellekt.

De las agresiones, el 67% fue contra políticos de oposición según la región en que ocurrieron los hechos. Hubo casos en 514 municipios de 32 entidades del país, según informó la consultora.

Los estados que presenciaron la mayoría de los casos fueron Guerrero y Oaxaca con 26 y 24, respectivamente. Seguidos de Puebla y Michoacán con 15 cada uno, así como Estado de México con 12 y Puebla con 10 crímenes.

Sobre Guerrero y Oaxaca, así como otros estados del centro y sur, Salazar indica que encontraron una correlación con el porcentaje de pobreza, así como márgenes pequeños entre los primeros y segundos lugares en las elecciones, además de que en algunas regiones había presencia de cacicazgos locales, algunos relaciones al que por décadas fue el partido hegemónico: el PRI.

Morena ganó muchos espacios al nivel local, no tenía esos padrinazgos políticos. Hay luchas intestinas de otros grupos que a través de la violencia tratan de terminar con los proyectos

En la transición, la tendencia continuó. En este periodo que contempla del 2 de julio al 30 de diciembre del año pasado hubo seis homicidios dolosos en contra de cuatro regidores y dos alcaldes electos, quienes ya no pudieron rendir protesta.

Los casos ocurrieron en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Puebla y Morelos, siendo Morena el partido más afectado con cuatro militantes.

En el 2017, el registro de la consultora fue de 102 casos de crímenes, cifra que comparada con los números del 2018 representó un 55% de aumento.

Con el reciente asesinato de Alejandro Aparicio Santiago en Oaxaca, la lista de alcaldes en el actual sexenio ya suma dos víctimas. La primera ocurrió en diciembre, cuando Olga Gabriela Kobel Lara, alcaldesa de Juárez en Coahuila, fue encontrada sin vida.

Según datos de la consultora, en el sexenio del panista Felipe Calderón hubo 32 crímenes contra alcaldes, cifra superada en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, con 38 asesinatos donde se incluyen a funcionarios electos, interinos y sustitutos.

Mientras que datos de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), desde el 2006, son 143 las autoridades municipales las que han sido víctimas de crímenes, de las cuales 61 eran alcaldes en funciones, 11 electos y 71 que ya había concluido sus cargos.

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