Por orden judicial, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) deberá establecer la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la Ciudad de México (CDMX), pero hay otro indicador que al que se enfrenta el gobierno capitalino: el alto nivel de impunidad que prevalece en los casos de feminicidio en el país.
En México, 50% de los feminicidios no son consignados ante la justicia, mientras que 90% de los casos que se investigan permanecen sin castigo a los culpables, según datos del Diagnóstico de Acceso a la Justicia y la Violencia Feminicida presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en agosto de 2018.
La Conavim emitirá la alerta de género en la capital del país en un plazo máximo de nueve días, tras el cuestionamiento de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien puso en duda la efectividad del mecanismo de protección de mujeres que está vigente en más de la mitad estados de la república.
Para lograr una mayor efectividad que en los 17 estados donde se ha establecido la AVGM, el gobierno capitalino debe garantizar la procuración de justicia y la protección de los derechos humanos de las mujeres, dice Selene González Luján, del Centro Fray Francisco de Vittoria.
Puede haber medidas muy innovadoras, pero poco efectivas y donde hay que poner especial atención es en el sistema de impartición de justicia. Es lo que te permite la alerta, es un mecanismo para que se tomen acciones en los tres niveles de gobierno para que se pueda garantizar una vida libre de violencia para las mujeres
, dice la activista.
Desde 2015 se ha declarado alerta de género en Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
Pese al establecimiento del mecanismo, dichas entidades son responsables del 64% de las carpetas de investigación que se abrieron por feminicidio entre enero y julio, según el último reporte disponible del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El tortuoso camino hacia la AVGM
La AVGM es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según la definición del Conavim.
Se trata de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para erradicar la violencia feminicida “y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado. La violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad”.
De manera general, este mecanismo de protección busca garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que las afecta, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El presupuesto y la implementación de la alerta de género son una responsabilidad del Conavim, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) que espera contar el próximo año con 267,632 millones de pesos (mdp), según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
Es decir, que para el próximo ejercicio fiscal, el Conavim contaría con 83,304 mdp más que el actual ciclo. Pero el problema en la ejecución de la AVGM no se reduce al dinero que se le destina, sino en la falta de reconocimiento de las medidas que se implementan y si estas son las necesarias para acabar con el problema de violencia, dice González Luján.
Empezar por la clasificación
Una sentencia de amparo emitida el martes ordenó a la Conavim decretar, en un plazo de 10 días hábiles, la AVGM en la Ciudad de México, pese a la resistencia que interpuso en su momento el gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) y lo que va del de Claudia Sheinbaum.
La negativa para adoptar la alerta tiene su origen en la afectación a la imagen política de las entidades donde hay más feminicidios. Sin embargo, este es uno de los principales problemas para combatir la violencia de género, dice Katherine Mendoza abogada de la organización Justicia Pro Persona, organización civil que estuvo detrás del amparo.
Muchas veces los feminicidios son analizados como homicidios o simplemente como suicidios, lo cual les exigiría a los agentes del Ministerio Público a aplicar un protocolo específico para casos de de feminicidio. Entonces se pierden las formas de procesar la información y esto dificulta que en los casos se llegue a hacer justicia
, explica la abogada y activista.
El grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México, describe esta problemática con cifras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
713 mujeres fueron asesinadas entre 2012 y 2017 en la capital, pero solo 292 casos fueron clasificados como feminicidio, de acuerdo con el informe. Es decir, que el 60% de los casos de mujeres asesinadas fueron atendidos como homicidio doloso.
“El sistema de procuración es muy deficiente. Lo primero que hay que hacer es capacitar a los servidores públicos: policías, peritos, agentes del Ministerio Público e incluso a los jueces para que apliquen durante la investigación y el enjuiciamiento la perspectiva de género”, detalla Katherine Mendoza.
