A Rosario Robles la defiende Julio Hernández Barros, un abogado que ganó fama en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y que tuvo un breve paso en la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El nombre de Hernández Barros cobró relevancia durante el sexenio pasado (2012-2018), debido a que participó en la redacción de la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión, pero también por las críticas que recibió por parte de colectivos que lo tacharon de oportunista.
Ahora representa a Robles Berlanga, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de permitir el desvío de más de 5,000 millones de pesos en su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre 2012 y 2015.
Atención a víctimas
Julio Hernández Barros es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Iberoamericana, donde es miembro de la plantilla académica como profesor de Derecho Penal desde 1989, según su perfil de Linkedin.
Entre 2011 y 2013, participó en la redacción de la Ley General de Víctimas, en colaboración con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabezó el poeta Javier Sicilia tras la muerte de su hijo a manos de la delincuencia organizada.
La Ley publicada el 9 de enero de 2013 establece un marco de derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, así como de acciones concretas para garantizar su protección, atención y reparación del daño a las mismas.
Consta de 189 artículos organizados en 10 títulos, y tiene cinco objetivos generales: facilitar la determinación de las víctimas directas e indirectas, reconocer todos los derechos de las víctimas, crear instancias para la atención de víctimas, establecer el Registro Nacional de Víctimas e integrar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
El documento también dio paso a la creación de la CEAV, el organismo de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Julio Hernández Barros integró el comité a la cabeza del organismo desde el 10 de octubre de 2013 y llegó a ser su máximo dirigente el 10 de octubre de 2016, en sustitución de Jaime Rochín. Su periodo de mandato terminó el 4 de enero de 2017.
Durante su gestión de tres meses al frente de la CEAV, recibió críticas por su falta de preparación para ocupar el cargo y utilizar al MPJD para autopromocionar su imagen y así obtener beneficios políticos a costa de la organización civil encabezada por Sicilia.
En noviembre de 2016, se publicó una carta donde más de 20 organizaciones no gubernamentales, exigían la renuncia del abogado Hernández Barros, acusándolo de ser “una pieza de la simulación gubernamental” y “corrupto”.
Defensa de Robles
Como defensor de Rosario Robles, Julio Hernández Barros enfrenta uno de los mayores retos de su carrera.
La extitular de Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio pasado, está acusada de omitir advertencias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre desvíos por más 5,000 mdp a través de contratos que involucran universidades públicas, dependencias gubernamentales y decenas de funcionarios.
Robles Berlanga recibió el 13 de agosto una orden de prisión preventiva de dos meses, tras dos audiencias ante un juez federal que determinó existente el riesgo de fuga de la imputada.
El abogado informó este lunes que su equipo legal solicitará nuevas medidas cautelares para intentar que su cliente siga el juicio en libertad.
Asimismo presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez Delgadillo Padierna, a quien señala de ser sobrino de la diputada Dolores Padierna, por lo que afirma que hay motivos políticos en el proceso contra Robles Berlanga.
“Ahora entiendo por qué mucha gente prefiere huir que enfrentarse a la justicia, no hay justicia, es un tribunal de Estado. Traían preparado el sketch para dejar a Rosario en prisión”, declaró Hernández Barros tras conocer el fallo del juez que envió a prisión a Rosario robles.
El juicio contra la exsecretaria de Estado se deriva del desfalco reportaron Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en 2017 y que es conocido como la Estafa Maestra.
