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Un juez de control vinculó a proceso este martes a Rosario Robles Berlanga por el delito de uso indebido del servicio público, y ordenó prisión preventiva justificada por dos meses en el Penal de Santa Martha Acatitla para que se concluya la investigación complementaria.
El magistrado Felipe de Jesús Delgadillo justificó la prisión preventiva al determinar que la extitular de las carteras de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cuenta con arraigo en la Ciudad de México, ya que dio información falsa respecto a su domicilio, de acuerdo con reportes de prensa.
De acuerdo con un reporte de Reforma, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que el área que encabeza prepara una denuncia contra Rosario Robles por convenios de dudoso origen con universidades por un monto de más de 800 millones de pesos.
No hay justicia, es un tribunal de Estado: defensa
Uno de los abogados de Robles, quien llegó al penal a las 8:18 de la mañana de acuerdo con medios, dijo a Grupo Fórmula que el juez prefirió “dar un albazo, abandonar la justicia y traicionar la Constitución. Es un delito menor el que le están imputando”.
Ahora entiendo por qué mucha gente prefiere huir que enfrentarse a la justicia, no hay justicia, es un tribunal de Estado. Traían preparado el sketch para dejar a Rosario en prisión,
declaró el defensor Julio Hernández Barros.
‘Jamás implicó a Peña Nieto ni Meade’
Hernández Barros sostuvo que Rosario Robles jamás implicó a Enrique Peña Nieto ni a José Antonio Meade, y que fue el juez fue quien puso palabras en su boca.
Ella solamente dijo que con el presidente Peña Nieto tenía una relación y un canal de comunicación que tenía que ver con la línea roja, jamás dijo que le hubiera conocido de un hecho delictivo. La referencia que hace con Meade es que había auditorías pendientes,
afirmó Julio Hernández Barros.
Según los reportes de prensa, en la audiencia los abogados de Robles aseguraron que el expresidente Peña Nieto tuvo conocimiento de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre posibles irregularidades detectadas en la Sedesol y Sedatu durante su gestión.
La defensa explicó que Robles le notificó estas situaciones al entonces presidente a través de las diversas reuniones de gabinete, durante giras de trabajo y por la línea directa federal de comunicación, conocido como teléfono rojo.
Otro de los abogados de Rosario Robles, Xavier Olea, declaró a W Radio que la Fiscalía General de la República (FGR) no tuvo elementos para rebatir y el juez determinó vincularla a proceso.
“El juez tomó datos de prueba que no están y supuestos extractos de entrevistas. Rosario Robles manifiesta en su entrevista que le dice a Enrique Peña Nieto de sus actividades como secretaria, no de irregularidades”, declaró Olea.
Agregó que la defensa prepara los recursos jurídicos a su alcance para combatir lo que calificó como una ilegal medida cautelar.
Es un logro que no haya impunidad: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este martes que las autoridades que tomaron las medidas contra Robles son entidades independientes, por lo que no es un asunto de la presidencia, “tampoco son Poncio Pilato”. Pero acabó pronunciándose:
Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de derecho, no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho,
dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.
¿De qué se le acusa?
Robles Berlanga está involucrada en un presunto desvío de 5,875 millones de pesos conocido como “La Estafa Maestra”, que fue revelado mediante una investigación periodística publicada en septiembre de 2017.
La revelación supuso otro golpe a la administración de Peña Nieto, manchada ya entonces por grandes escándalos de corrupción.
Según investigaciones de la FGR y de la ASF, el esquema de corrupción implicaría a más de una decena de dependencias federales, entre ellas las dos dependencias que encabezó Robles, a través de la simulación de contratos con instituciones educativas.
La fiscalía afirmó que Robles sabía que en ambas dependencias funcionarios a su cargo cometían irregularidades en la contratación directa de entes públicos, pero que no hizo nada para evitarlo ni lo informó al expresidente Peña Nieto.
La justicia mexicana también busca a otro exfuncionario del gobierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien se presume podría estar fuera de México.
Robles y Lozoya son los primeros exfuncionarios de alto nivel que son investigados por el gobierno de López Obrador, quien asumió la presidencia con el compromiso de erradicar la corrupción en México.
Con información de AFP
