El juez del Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó la suspensión definitiva en contra del llamado “decretazo” firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que ahora, las dependencias federales no podrán reservar información.
Mediante un comunicado enviado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico A.C, la organización informó sobre la decisión del juez y celebró que se frené el “decretazo” con el que se pretendía prohibir el acceso a la información de las obras realizadas por el gobierno mexicano.
Juez ordena al @GobiernoMX la suspensión definitiva del llamado “Decretazo”, prohibiendo que sea utilizado como pretexto para considerar como información reservada la que se solicite a través de las plataformas de transparencia. Aquí nuestro #Comunicado👇 pic.twitter.com/7jsP92XGEg
— Consejo Nacional de Litigio Estratégico (@Consejo_Litigio) February 25, 2022
“De lo expuesto, se desprende que el acuerdo reclamado sí tiene una trascendencia en el objetivo de la asociación civil, dado que al considerar como de seguridad nacional los proyectos y obras del Gobierno Federal, se traduce en una limitación en el acceso a la información vinculada con esas obras y proyectos”, se lee como parte del documento.
Los abogados explicaron que con la decisión de la autoridad judicial las dependencias de gobierno no podrán negar el acceso a la información pública que les soliciten sobre la construcción de las principales obras del gobierno federal ni reservar los datos.
Dentro de los argumentos de la suspensión, el Juez de Distrito consideró que al catalogar estas obras como seguridad nacional se traduce en opacidad y representa un obstáculo para el acceso a la información.
El Consejo Estratégico también recordó que la decisión del juez se suma a la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en diciembre del año pasado.
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AMLO declara obras como asunto de seguridad nacional
En noviembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo por el que se declaró la realización de proyectos y obras del Gobierno como asuntos de interés público y seguridad nacional.
López Obrador defendió su decisión y descartó que la decisión abone a la opacidad de los proyectos.
“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”, declaró el 23 de noviembre del año pasado.
En el acuerdo firmado y publicado en el Diario Oficial de la Federación se declaraba de interés público y seguridad nacional la realización de todos los proyectos y obras de infraestructura a su cargo, para garantizar su terminación oportuna.
De acuerdo con lo decretado, esto contemplaba obras de sectores como comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, medio ambiente, turístico, salud, energético, aeropuertos, etc y aquellos que, por su objeto, características, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
De manera implícita este acuerdo involucraba a las grandes obras del gobierno, entre ellas el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas o el Corredor Transístmico.
Tras la publicación del acuerdo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) indicó que analizaría a fondo el documento “a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados”.
🔶INAI analiza si el Acuerdo que determina como seguridad nacional obras de infraestructura, vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de “máxima publicidad”.#INAIalMomento https://t.co/q2SA3cnaik pic.twitter.com/kopNsjEsgY
— INAI (@INAImexico) November 23, 2021
Señaló que sus áreas especializadas estudian los alcances del acuerdo y que de ser necesario explorarán las distintas vías legales a emprender para garantizar el derecho de acceso a la información sin restricciones.
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