La polémica reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha causado gran resquemor entre los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han optado por un paro de actividades, bloqueos de vía pública y ahora buscan el apoyo de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este jueves, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, planteó la pregunta sobre si los jueces pueden detener el avance de la reforma —que ya recibió la aprobación de la Cámara de Diputados para ser discutida en el Senado de la República—, la cual busca que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por el voto popular.
Dentro de la consulta a trámite 1/2024, la funcionaria pública preguntó a sus colegas sobre la posibilidad de pronunciarse sobre la petición que realizó la Asociación Nacional de Magistrado de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
El asunto ya fue turnado a la ministra Lenia Batres, quien fue nombrada por el titular del Ejecutivo para dicho puesto en diciembre del año pasado y se ha mostrado como una impulsora de los cambios que se buscan realizar al Poder Judicial. Posteriormente sería discutida en el pleno de la SCJN.
Más esfuerzos para evitar la reforma al Poder Judicial
Asimismo, un grupo integrado por 370 jueces pertenecientes al Poder Judicial de la Federación envió al Departamento de Asuntos Políticos de la ONU un documento en el cual se advierte sobre la amenaza que la reforma significa para la democracia mexicana y la independencia judicial e hicieron un llamado para que desde su trinchera la organización internacional contribuya a evitar la intensificación de la “crisis”.
Los quejosos apuntaron que el presidente López Obrador los ha atacado constantemente y que con la reforma “buscan concretar el cese masivo de todo el Poder Judicial en el que nos desempeñamos cada una de las trescientas setenta personas juzgadoras que suscribimos la presente comunicación”.
Mientras que en un documento por separado compartido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 450 impartidores de justicia pidieron al organismo internacional que solicite a los poderes Ejecutivo y Legislativo suspender la discusión de la reforma, la cual ya cuenta con el visto bueno de la Cámara Baja tras sesionar en una sede alterna por el cierre de San Lázaro por parte de un grupo de manifestantes.
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