Cámara de Diputados aprueba en lo general la reforma al poder judicial; 'Plan C' va
Cámara de Diputados aprueba en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial; se va al Senado

Cámara de Diputados aprueba en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial; se va al Senado

No hay plazo que no se cumpla. En una sede alterna a la Cámara de Diputados de San Lázaro y tras una serie de pronunciamientos críticos por parte de analistas, el sector privado y la academia; en la madrugada se aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras más de 11 horas de discusión, el proyecto fue aprobado con 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones. Sin embargo, la votación provocó controversia, ya que algunos legisladores de la oposición cuestionaron la legitimidad del proceso.

Señalaron que la nueva sede en el deportivo Magdalena Mixiuhca suscitó dudas sobre la identidad de los presentes, ya que no todos presentaron sus identificaciones, lo que generó sospechas sobre si realmente eran diputados.

Por las condiciones del lugar, el proceso también fue irregular en el conteo de votos, ya que fue ‘a mano alzada’ sin dar oportunidad a un registro electrónico.

Durante la sesión, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la reforma es una medida necesaria para “democratizar” más al país.

Dijo que es una respuesta a la intromisión del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo para reformas clave. Por ejemplo, citó el actual Poder Judicial en decisiones legislativas durante el gobierno de AMLO, incluyendo las reformas energética, eléctrica, de bienestar, de austeridad y de la Guardia Nacional. Según Monreal, esto llevó a la presentación de la reforma judicial.

El legislador criticó duramente al Poder Judicial, acusándolo de “ser corrupto, nepotista, y de permitir el tráfico de influencias”. Según Monreal, el Poder Judicial ha actuado como una “tercera cámara legislativa” y ha intentado llevar a cabo un “golpe de estado técnico”.

Monreal enumeró varios puntos clave de la reforma “que pueden beneficiar al país”:

  1. Elección de jueces mediante voto popular.
  2. Sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina judicial.
  3. Implementación de un límite de remuneraciones para los jueces, alineado con el artículo 27 constitucional.
  4. Apertura de oportunidades para que profesionales del derecho externos puedan participar en el proceso judicial.
  5. Posibilidad para que el personal de la Judicatura aspire a cargos superiores o permanezca en sus puestos actuales.
  6. Refrendo popular: La reforma propone que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos en más de 100,000 casillas en todo el país, lo que les otorgaría una legitimidad y un respaldo popular sin precedentes.
  7. Evaluación rigurosa: Antes de la elección, los candidatos serían sometidos a una evaluación rigurosa para asegurar que solo los más capacitados puedan aspirar a los cargos en el Poder Judicial.
  8. Capacitación continua: Los jueces, magistrados y ministros, una vez electos, también serían sujetos a una capacitación y evaluación continua para garantizar su idoneidad y desempeño.
  9. Sensibilidad social: Monreal resaltó que el nuevo proceso de elección dotaría a los jueces de una sensibilidad social que, según él, ha estado ausente en la actual estructura judicial.
  10. Autonomía fortalecida: La reforma no busca restar atribuciones al Poder Judicial, sino todo “lo contrario: fortalecer su papel como resolutor de conflictos y principal intérprete de las normas”.
  11. Nueva estructura judicial: Se plantea cambiar la estructura del Poder Judicial, iniciando con nuevas bases para su constitución, asegurando que responda a las necesidades y realidades del pueblo mexicano.
  12. No afectará derechos laborales: Monreal aseguró que la reforma no tocará los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, quienes podrán permanecer en sus cargos o aspirar a nuevas posiciones.
  13. Oportunidad para externos: La reforma abrirá la posibilidad para que abogados externos con una percepción clara de la realidad social puedan participar en la Judicatura.
  14. Blindaje contra el crimen organizado: Monreal subrayó que la reforma es una medida crucial para blindar al Poder Judicial de la influencia del crimen organizado y de los delincuentes de cuello blanco.
  15. Contexto global: Monreal mencionó que la discusión sobre los límites del Poder Judicial no es exclusiva de México, sino que también se está llevando a cabo en otras democracias como Estados Unidos, Israel, Italia y España.
  16. Ejemplo mundial: Monreal expresó su convicción de que México está construyendo un sistema de justicia que podría convertirse en un modelo a seguir a nivel mundial, especialmente bajo la futura administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

El legislador indicó que la reforma no “responde a un capricho ni a una revancha política, sino a una necesidad de modernizar y hacer más eficiente el sistema de justicia en México”.

Por su parte, Mari Carmen Bernal Martínez del Partido del Trabajo (PT) argumentó que la reforma judicial incluye más de 100 modificaciones, lo que, según ella, refuta las afirmaciones de los grupos opositores de que no se tomaron en cuenta las críticas ni se realizaron ajustes. 

Con esta observación, Bernal Martínez afirmó que existió apertura en este proceso legislativo y hubo disposición a incorporar diversas perspectivas, en contraste con las acusaciones de intransigencia por parte de la oposición.

Bernal Martínez presentó tres aspectos clave de la reforma: la elección de jueces mediante voto popular, la sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina judicial, y la implementación de un límite de remuneraciones para los juzgadores, alineado con el artículo 27 constitucional que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República.

 La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, también apoya la reforma, renunciando a su facultad de proponer nombramientos para la Suprema Corte y otorgando esta potestad al pueblo a través del voto popular. Esta medida permitirá que los jueces y magistrados cuenten con una mayor legitimidad y respaldo popular, enunció.

Se va al Senado

Tras aprobar tres modificaciones, esta la mañana Morena y sus aliados avalaron la iniciativa en lo particular con 357 votos a favor y 130 en contra, por lo que ahora será discutida en el Senado de la República.

En paralelo a la discusión en Diputados, la Cámara Alta aprobó irse a una sede alterna para votar la reforma al Poder Judicial.

Los puntos que preocupan de la reforma de AMLO; lo que dice la oposición

En su intervención en la Cámara de Diputados, Jericó Abramo Masso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó el cambio de sede para debatir la reforma, señalando que se violaron protocolos. 

A esto se suma la suspensión de dos jueces hacia esta reforma, un factor que, según él, impide el debate. Advirtió que ignorar esta suspensión podría “llevar a un desacato legal y tener consecuencias graves”.

Señaló que la propuesta amenaza la independencia del Poder Judicial, un principio fundamental para garantizar el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y es que la modificación legislativa podría subordinar al Poder Judicial a los intereses de los poderes Ejecutivo y Legislativo, comprometiendo así el Estado de Derecho y el futuro democrático del país.

En particular, el legisIador criticó las modificaciones propuestas a los artículos 106 y 107 de la Constitución, que limitarían los efectos generales de sentencias y amparos. Esta limitación podría reducir la protección jurídica ante daños irreparables y socavar derechos fundamentales en diversos sectores, como el de la salud, el medio ambiente y el laboral.

Además, cuestionó la “propuesta para la elección de jueces y magistrados, considerándola un modelo poco claro y con un impacto presupuestal no cuantificado. No se ha presentado un análisis detallado sobre los costos y la viabilidad de este proceso electoral”.

Margarita Zavala, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), también comenzó señalando que existe una resolución judicial que impide la discusión de la reforma en este momento, “subrayando la necesidad de actuar con cautela y respeto a la ley”.

Argumentó que no se trata de una verdadera reforma “sino de una venganza de AMLO hacia la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia”.

Según ella, uno de los principales puntos críticos, es que la reforma resultará en un despido masivo e injusto del personal del Poder Judicial, afectando tanto a los tribunales federales como a los locales. 

Los trabajadores serán reemplazados y sus derechos adquiridos serán vulnerados, aplicándose el principio de retroactividad en su contra

,dijo.

Zavala también cuestionó el nuevo proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, alegando que se suprimiría la carrera judicial y se abriría la puerta para que los nombramientos sean influenciados por “quienes financiaron campañas o por el crimen organizado, en lugar de basarse en la idoneidad de los candidatos”.

Otro punto de preocupación es la creación de un tribunal de disciplina, al que calificó como una entidad que generará temor, debido a las amplias facultades “discrecionales para investigar, juzgar y sancionar, lo que podría dejar en indefensión a los jueces y magistrados”.

La panista también criticó que la reforma eliminaría los efectos generales de las sentencias de amparo y la suspensión de leyes inconstitucionales, obligando a los más desfavorecidos a depender de abogados particulares, lo que podría aumentar la inequidad en el acceso a la justicia.

Durante la discusión de la reforma al Poder Judicial, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez de Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que la reforma podría convertir la impartición de justicia en un “mercado para comprar jueces de consigna”. Ya que los nuevos magistrados y jueces, al ser elegidos por voto popular, podrían estar más interesados en ganar votos que en impartir justicia.

“Hago un llamado a los jóvenes, estudiantes y trabajadores del Poder Judicial a seguir luchando por una justicia verdadera y equitativa. A no hipotecar el futuro de las nuevas generaciones”.

¿Qué dice la reforma al Poder Judicial?

El proyecto presentado por AMLO en febrero de este año, establece un proceso de elección por voto popular para los cargos de magistrados de circuito, jueces de distrito, y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Este proceso será llevado a cabo bajo la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE). Uno de los puntos clave del dictamen es la reducción del número de ministros de la SCJN, pasando de 11 a 9, quienes tendrán un periodo de 12 años en sus cargos.

Además, se estipula que las autoridades competentes tendrán un plazo máximo de seis meses para dictar sentencias. En caso de no cumplir con este plazo, deberán informar al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de la demora, o bien, dar vista al órgano interno correspondiente.

La reforma también establece los requisitos necesarios para ser electo como magistrado de circuito, juez de distrito, o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, así como los mecanismos para la designación en casos de defunción, renuncia, o ausencia definitiva de alguno de sus integrantes.

En cuanto a la administración y control interno del Tribunal Electoral, el dictamen señala que esta responsabilidad corresponderá al órgano de administración judicial, mientras que los temas relacionados con la disciplina del personal estarán a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.

Este tribunal será el encargado de resolver conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como entre la SCJN y sus empleados.

El Tribunal de Disciplina Judicial también tendrá la facultad de investigar, sustanciar, y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público, o a la adecuada administración de justicia.

Además, el órgano de administración judicial, que contará con independencia técnica y de gestión, será responsable de la administración, carrera judicial, y control interno del Poder Judicial, incluyendo la determinación del número y división de circuitos y la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito de apelación y juzgados de distrito.

(Esta historia se actualizó a las 07:10 horas. Se añadieron las condiciones de la votación en lo general).

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