Javier Duarte buscará invalidar las pruebas bancarias utilizadas en su contra para solicitar una reducción de su condena o una exoneración total de los cargos que pesan en su contra, dijo el abogado del exgobernador de Veracruz, Ricardo Sánchez Reyes Retana, en entrevista con EL CEO.
Con esta estrategia, se pretende aplicar de manera retroactiva la resolución del pasado 20 de junio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que declaró inconstitucional que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite información financiera sin orden judicial, informó Sánchez Reyes Retana.
Así, las pruebas, que son la base de la acusación contra Javier Duarte por asociación delictuosa y lavado de dinero podrían quedar nulificadas, explicó el jurista, quien también encabeza la defensa legal del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, sobre quien pesan 21 órdenes de aprehensión por delitos electorales y de peculado.
“Se podrían nulificar las pruebas con las que se le sentenció por lavado de dinero y solo se quedaría con el de asociación delictiva, que son 4 años y medio de prisión, o bien, en nuestra cartita a Santa Claus, podría quedar nulificada toda la sentencia, que es a lo que le tiramos”, declaró el entrevistado.
Cronología del caso Duarte
Javier Duarte fue sentenciado el 28 de septiembre de 2018 a nueve años de cárcel tras declararse culpable de los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero por un caso de desvío de recursos que destaparon en un reportaje conjunto Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en 2014.
La investigación reveló que que durante la gestión de Duarte en el gobierno veracruzano se conformó una red de empresas fantasma que se benefició con contratos gubernamentales, principalmente de políticas sociales, como el combate a la pobreza.
Tras la publicación de la investigación periodística, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) encontró que 69 de esas empresas realizaron operaciones simuladas para desviar recursos del erario de Veracruz, pero no pudieron comprobar su existencia.
A través de esas empresas se desviaron más de 60,000 millones de pesos (mdp), indican reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aunque la Fiscalía solo acreditó el desvío de 233 mdp. En 2016, el entonces auditor Juan Manuel Portal declaró que los desvíos del gobierno de Duarte eran los más grandes registrados hasta entonces.
El 17 de octubre de ese año, a dos semanas del fin de su gubernatura, se emitió una orden de aprehensión contra Duarte y varios de sus colaboradores ante una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
Luego de publicarse la orden de captura que pesaba en su contra, Duarte huyó de México, y se mantuvo prófugo de la justicia hasta el 15 de abril de 2017, cuando fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala en la recepción de un hotel de lujo en el Departamento de Sololá.
Ingreso a prisión
El regreso del exmandatario estatal al país se concretó el 17 de julio siguiente por medio de una extradición, y de inmediato fue recluido en el Reclusorio Norte, donde se le acusó de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con dinero de procedencia ilícita.
Momento que se traslada al Juzgado al señor José Duarte de Ochoa pic.twitter.com/xrO5gJVObm
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 16, 2017
El 22 de agosto de 2018, cuando Duarte llevaba 13 meses encerrado en prisión, la Procuraduría General de la República (PGR) retiró las acusaciones por delincuencia organizada y las reclasificó por asociación delictuosa, un delito de menor gravedad.
“Al valorar los datos de prueba con que cuenta, la PGR determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación sólidamente sustentada”, señaló la dependencia en un comunicado.
Poco más de un mes después, el 26 de septiembre, un Juez de Control condenó a Duarte de Ochoa a nueve años de prisión y a pagar una multa de 58 ,890 pesos, luego de que se declaró culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa.
El 9 de julio pasado, el diario Reforma publicó una entrevista con Duarte en la que declara que su captura estuvo negociada para realizarse antes de las elecciones del Estado de México en 2017, en las cuales Alfredo del Mazo ganó la gubernatura mexiquense. A cambio, dijo, le ofrecieron “dejar en paz a su familia”.
“Fue una negociación (la captura), en donde me dijeron ‘te tienes que entregar antes de la elección del Estado de México, porque de lo contrario no va a funcionar. Y a cambio dejamos a tu familia en paz y tú te entregas’”, declaró duarte por vía telefónica.
Duarte afirmo, además, que le pagó una “extorsión” -con dinero facilitado por el expresidente Enrique Peña Nieto- al exencargado de la PGR Alberto Elías Beltrán, para que dejaran en paz a su familia y le reclasificaran el delito de delincuencia organizada, lo que implicaría conseguir una sentencia más baja.
Ricardo Sánchez Reyes Retana se negó a hacer comentarios sobre la publicación de estas declaraciones por “seguridad” de su defendido, y explicó que aún no tienen fecha para presentar la solicitud de nulidad, pero que será “en el momento que consideremos conveniente”.
