Cuando los hermanos Morales crearon su propia marca de cerveza artesanal, en 2010, no imaginaron que su enemigo más peligroso sería la administración de Jaime Bonilla.
Pero desde que el morenista tomó posesión como gobernador de Baja California, las autoridades municipales y estatales han suspendido injustificadamente varias veces la planta donde se produce la cerveza Insurgente.
Detrás de estos cierres está una disputa que sostienen con el hermano del gobernador, Alberto Bonilla, quien vive frente a la cervecera artesanal y busca el cierre definitivo de la planta, dice Iván Morales, copropietario de Insurgente.
“Utilizan un tráfico de influencias obsceno, básicamente porque a Alberto Bonilla le molesta que estemos ahí y están haciendo todo lo posible para sacarnos. No sé exactamente lo que busquen”, denuncia.
El empresario bajacaliforniano asegura que todos los cierres promovidos por las autoridades municipales y estatales están fuera de la ley, lo que les ha permitido reabrir intermitentemente sus instalaciones.
Los argumentos para las suspensiones y las autoridades que las ordenaron son diversos. Desde la Dirección de Protección al Medio Ambiente de Tijuana hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.
Ninguno de esos argumentos jurídicos lograron el cierre definitivo de la compañía, cuyos propietarios contrarrestaron las suspensiones acreditando la documentación en regla.
EL CEO tuvo acceso a esa documentación, la cual no puede ser publicada por formar parte del archivo penal del caso.
Pelea contra gigantes
Iván y Demián Morales fundaron la Cervecería Insurgente a principios de esta década. La bautizaron pensando en una lucha “contra la tiranía de la cerveza sin sabor”, según el pequeño manifiesto de la compañía.
Esta tiranía está representada por los productores que acaparan el 99% de las ventas de cerveza en México, principalmente Grupo Modelo y Heineken –propietaria actual de las marcas creadas por Cuauhtémoc Moctezuma–.
Por eso les resulta paradójico y hasta un poco trágico que tras sobrevivir a los “poderes invencibles” del sector, ahora tienen un nuevo y peligroso obstáculo que sortear. La batalla legal comenzó “unos días después” de las elecciones de gobernador que ganó Bonilla el 9 de junio de 2019, relata Iván Morales.
Desde entonces, recibieron sanciones injustificadas por parte de Protección Civil, las direcciones de Protección al Medio Ambiente, Inspección y Verificación, así como la de Administración Urbana a nivel municipal.
Todas fueron invalidadas por la defensa legal de la cervecera.
La última suspensión, no obstante, escaló a nivel estatal, cuando la FGE colocó sellos de aseguramiento de bienes al establecimiento en un operativo de al menos 8 personas, según consta en las grabaciones de seguridad del negocio del 31 de enero.
“Cada vez va escalando más porque obtuvimos un amparo contra el municipio. El viernes llega la FGR a poner los sellos de asegurado dizque porque estábamos tirando la malta al drenaje”, explica Iván Morales.
Medidas inequitativas
La planta de Cerveza Insurgente empezó a funcionar en 2013.
Está ubicada en la calle Juan Cordero, en una región conocida como Zona Río, considerado como el principal distrito comercial y financiero de Tijuana por su cercanía con la frontera sur de Estados Unidos.
El recurso utilizado con mayor frecuencia por las autoridades es que la empresa vende cerveza a menos de 150 metros de distancia del hospital familiar Modera. Este centro se encuentra al otro lado de la calle.
Pero en Zona Río hay casos en las mismas condiciones que siguen operando con toda normalidad.
En el Boulevard General Rodolfo Sánchez Taboada, por ejemplo, se encuentra el hospital Ángeles y exactamente frente a él operan normalmente el restaurante Gianluca, donde se venden bebidas alcohólicas, y un bar McCarthy’s Irish Pub.
Las irregularidades van más allá.
Antes de asumir el cargo como gobernador, Bonilla dijo en una transmisión de Facebook que la Cervecería Insurgente sería cerrada por no tener derecho de uso de suelo comercial. Sin embargo, EL CEO pudo corroborar que desde 2013 cuenta con el mismo.
Jaime Bonilla advirtió el 13 de enero que la firma perdería de forma definitiva su permiso de operación por haberlo obtenido gracias al “abuso de influencias” en el anterior gobierno. Aunque no ha presentado pruebas, de acuerdo con los registros hemerográficos.
EL CEO buscó al equipo de comunicación del gobierno de Baja California, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.
Afectaciones económicas
Por el momento la empresa no ha calculado los daños financieros ocasionados por los cierres, que en total suman más de dos meses en el último semestre.
Durante esos periodos han producido su cerveza a través de aliados de la industria. Aunque eso significa costos adicionales y desabasto, por no poder operar al máximo de sus capacidad.
La baja en las ventas ya afectó a la plantilla. Hasta ahora han tenido que despedir a “cinco o seis personas”, pero se espera que conforme avance el tiempo, los daños sean aún mayores.
Iván cree que la intención del gobernador es sacarlos del terreno de 375 metros cuadrados que por ahora poseen.
Pero sus convicciones no le permiten doblegarse y lanza una sentencia: “Estas convicciones que tenemos, esta ideología, nos obliga a exigir cosas a nuestro gobierno. No nos pensamos salir de ahí”.
