Además de revelar que la cobertura de internet en México va a la baja, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó en 2020 una falta de coordinación en materia de conectividad entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De acuerdo con la Secretaría, el número de localidades sin cobertura de servicio de internet ha disminuido en 3,923 localidades (3.9%), al pasar de 99,597 localidades identificadas en 2019 a 95,674 localidades en 2020-2021.
Este escenario pone en evidencia la falta de claridad que persiste en la administración pública en cuanto a las obligaciones y facultades a las que están sujetas las instituciones en las que recae directa o indirectamente la conectividad del país, señalan analistas de la industria.
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Al parecer, lo que sucede es lo que ha pasado en toda la administración: es como una Torre de Babel de todas las instituciones que hacen política de programas de cobertura universal de las que no sabemos quién hace qué, aseguró Samuel Bautista Mora, coordinador general de Social Intelligence Unit (CIU).
En ese sentido, expuso que se torna muy difícil identificar quién lleva cobertura a los espacios públicos, quién se supone que tiene bajo sus atribuciones cobertura a toda la República, es decir, es difícil identificar quién hace qué.
En México, solo el 72% de la población de seis años o más está conectada:
Desaparición de Subsecretaría, el detonador
Esta realidad ha sido una constante, particularmente tras la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, cuyas funciones en relación a telecomunicaciones y radiodifusión (TyR) se delegaron a la Subsecretaría de Transporte.
El punto de partida para señalar la falta de coordinación es la realización de los programas de Cobertura Social y de Conectividad en Sitios Públicos 2020- 2021 por parte de la SCT para la consecución de la cobertura universal planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Al respecto, la SCT señaló que a la ASF que, en 2020, el Instituto no proporcionó los programas de cobertura social que concertó con los prestadores de servicios de TyR, por lo que la Secretaría “no ha recibido datos sobre los concesionarios que le permitan cuantificar el avance de los programas de cobertura social en 2020”.
Sin embargo, si bien el IFT tiene facultades para determinar el uso del espectro y los servicios de telecomunicaciones, no está entre sus atribuciones definir las acciones para lograr que se ejecuten los programas de conectividad social, lo que sí es facultad de la Secretaría.
Bautista Mora explica que la SCT tiene que indicar todas las zonas donde falta cobertura y el IFT, a través del otorgamiento de las concesiones, integrar esas localidades como parte de la cobertura social dentro de los títulos de concesión que otorga.
Data y facultades, dos cosas aparte
Para Sandra Rodríguez, abogada especializada en telecomunicaciones, el programa de conectividad social es un repositorio de consulta, no un documento con información suficiente para instrumentar el plan de acción para que se realicen accesos de conectividad.
En principio, porque se tiene que definir la infraestructura que se va a utilizar para llevar esos accesos, ya sea fibra óptica, satélite, microondas o alguna otra, para lo cual el IFT no tiene la autoridad, pero sí la SCT, quien además tiene que fijar los lineamientos, los cuales son inexistentes hasta ahora.
En opinión de la especialista, “no está hecho el trabajo de la secretaría para dar la información o emitir la regulación coercitiva que deban de tener los concesionarios para llevar a cabo los planes de acción”, dijo.
La observación que está haciendo auditoria carece de elementos en los cuales esté determinando cuál ha sido la falla del IFT, dado que la propia SCT no ha contado con elementos suficientes para que se ejecuten esas líneas de acción
Sandra Rodríguez, abogada especializada en telecomunicaciones
Según el Programa de Conectividad en Sitios Públicos, quien debe de dar el acceso es CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad que está acéfala desde finales de 2021 tras la muerte de Raymundo Artis Espriú.
Sin embargo, desde su creación no existe mucha claridad sobre sus funciones, además de que las políticas para las adquisiciones, arrendamientos, contrataciones de servicios y ejecución de obras integran procedimientos con criterios discrecionales.
