Gasolina estará libre de IEPS del 12 al 18 de marzo: Hacienda

Hacienda toca ‘límite’ al estímulo fiscal para controlar ‘gasolinazo’ por altos precios del petróleo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó al límite el estímulo fiscal que cada semana ajusta para controlar el aumento del precio de la gasolina ante el crecimiento de de los precios del petróleo derivados del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 

A partir de mañana y hasta el próximo viernes, el estímulo fiscal para los consumidores mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas será de 100% tanto en los litros de Magna, que es la de mayor venta, como en los de Premium y diésel.

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Con ello, la Secretaría de Hacienda dejará de recaudar 5.49 pesos por cada litro que se venda de la gasolina Magna, 4.63 pesos por litro en Premium y 6.03 en diésel.

Suben  estímulo a importadores y distribuidores 

A la par, Hacienda elevó el estímulo fiscal complementario que comenzó a aplicar desde el pasado 5 de marzo a distribuidores e importadores de gasolina en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), o bien en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En la semana del 12 al 18 de marzo, ellos podrán dejar de cobrar 3.87 pesos en cada litro de la gasolina Magna (la verde) cuando la semana anterior el techo fue 0.87 pesos por litro, según la actualización de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación.

En Premium, podrán dejar de cobrar 2.74 pesos por litro a partir de mañana y hasta el próximo viernes, luego de que en la semana que termina no hubo estímulo fiscal para este tipo de combustible.

Respecto al diésel, los distribuidores e importadores de gasolina dejarían de cobrar por impuestos 5.23 pesos, en lugar de tener un límite de 0.60 pesos, lo que representa el estímulo más elevado entre los tres tipos de combustible que se comercializan en las estaciones de servicio.

Para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) los estímulos fiscales a la gasolina para controlar el alza de los precios que surgió conforme se recuperó la actividad económica tras la pandemia y comenzó el conflicto bélico, representa una renuncia recaudatoria para el gobierno mexicano.

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