Los órganos reguladores coordinados, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), han tenido algunos “roces” con estados y municipios debido a los obstáculos en el área de almacenamiento de hidrocarburos que conllevan a una dificultad para atraer la inversión.
Cada vez que va cobrando mayor relevancia la regulación federal, la regulación local va siendo minimizada o neutralizada, porque no pueden determinar cuestiones de seguridad industrial o ambiental hasta que la ASEA autorice los proyectos, dijo Santiago Arroyo, abogado experto en el sector energético.
Los estados finalmente lo que buscan es atraer mayor inversión con la finalidad de generar empleos y tener la posibilidad de cobrar mayores prediales.
En el ámbito federal existe una cuestión de ambivalencia, señaló el experto, pues hay una necesidad urgente de infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos, pero la entrada de la iniciativa privada en este rubro no es la opción favorita de la administración, que preferiría que esto fuera operado por Petróleos Mexicanos, a pesar de la falta de recursos en Transformación Industrial.
“La CRE suspendió sus plazos para la activación de estos permisos y eso crea frenos a la inversión”, destacó.
También se ha mencionado la posibilidad de que la CRE pretenda incidir en el espaciamiento de las terminales, lo que podría limitar la inversión que cada estado podría atraer por concepto de almacenamiento.
La coyuntura de la pandemia de coronavirus provocó también cierta incertidumbre sobre el futuro de las inversiones que ya estaban en curso, por lo que algunos gobiernos estatales se movilizaron para intentar prevenir el paro de labores.
Esto fue imposible debido a que los lineamientos de la Secretaría de Salud no consideraron estas obras como infraestructura estratégica, a pesar de su importancia en materia energética.
Arroyo destacó que el paro físico de labores no impidió que se realizaran avances en labor financiera, legal y de compliance. Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos de salud, las propias secretarías de trabajo municipales y estatales tuvieron que ponerse de acuerdo para operar en conjunto con su contraparte federal.
La incertidumbre en tema energético a nivel estatal no es un fenómeno nuevo, y diversos gobiernos han tomado acciones concretas para ayudar a establecer de una forma más clara su propia agenda energética.
Estas acciones se enfocan en oficinas estatales de desarrollo sustentable, desarrollo económico o incluso agencias de energía, algunas de las cuales también realizaron una labor de apoyo a inversionistas para intentar impulsar la puesta en marcha de las inversiones detenidas durante la pandemia.
Rodrigo Osorio, director general de la Agencia de Energía de Puebla, resaltó que su oficina, una de las primeras de su tipo en el país, ha estado en contacto con muchos inversionistas que quieren llegar a Puebla y que, si bien la política federal no depende de ellos, sí realizan un análisis de ésta para garantizar la viabilidad de proyectos a inversionistas.
“Nosotros nos vemos como un aliado para cualquier proyecto que quiera llegar a Puebla. Somos un órgano de vinculación al gobierno federal, pero también de ventanilla única que vincula a la autoridad correcta”, señaló Osorio.
El director destacó que la pandemia ha obligado a la agencia a ser más eficiente y a buscar distintos métodos de trabajo, lo que les ha disminuido el papeleo y ha llevado a una mejora regulatoria. Sin embargo, reconoció también que se trata de un reto a nivel federal, sobre todo en materia de infraestructura.
“(La clave estará en) nos queremos endeudar o no. Queremos dejar nuestros proyectos de infraestructura en un solo sitio o diversificarlos a los estados. Queremos hacer proyectos de alta eficiencia o de alto impacto político. Va a haber un poco de los dos, pero creo que hay un momento coyuntural importante para atraer inversión a México”, dijo.
