Corrupción, soborno

28 de mayo 2020 | 5:00 am

Los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propusieron una iniciativa que extinguiría fideicomisos públicos que reciben hasta 181,471 millones de pesos (mdp) anualmente, equivalentes a 3% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Pese a que los diputados morenistas aseguran que la medida busca liberar recursos para la atención de la pandemia de coronavirus en México, el fin de estos instrumentos implicaría un retroceso en materia de desarrollo de áreas estratégicas.

Los principales afectados serían los sectores de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, de Ciencia y Tecnología y de Economía, según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La iniciativa coincide con el ánimo de un decreto previo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 2 de abril, el cual determina el fin de fideicomisos que no cuenten con estructura orgánica.

De acuerdo con el primer mandatario, la eliminación de fideicomisos es una acción para evitar la corrupción “porque había una gran dispersión y mucho derroche”. Con esto, su administración pretende reunir hasta 250,000 mdp.

No obstante, la extinción de fideicomisos públicos implicaría incertidumbre a programas de seguridad nacional, como el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), dice Sarahí Salvatierra, abogada del Centro de Análisis e Investigación Fundar.

Eliminar el Fonden, por ejemplo, sería poner en riesgo a las comunidades expuestas a desastres naturales. Lo mismo pasa con el Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Eliminar estos fideicomisos sujetaría programas a una asignación discrecional de dinero los años siguientes, cuando siempre contaron con recursos fijos, opina José Fernández Santillán, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sectores estratégicos

Los sectores involucrados criticaron fuertemente la iniciativa tras su publicación. Por ello, la bancada de Morena decidió congelarla.

Sin embargo, la propuesta continúa en evaluación y se planea retomar a través de un ejercicio de parlamento abierto, para escuchar representantes de los sectores involucrados, dijo Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara Baja.

Los fideicomisos públicos son operaciones mercantiles a través de las cuales el gobierno destina recursos a un fin determinado, según establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contabilizó 338 instrumentos activos de este tipo sin estructura orgánica, hasta el cuarto trimestre de 2019. Entre todos reciben 740,572 millones de pesos (mdp).

El 12.1% corresponden a infraestructura pública; 1.5% a estabilización presupuestaria; 33.7% a apoyos financieros; 6.8% a pago de pensiones; 36.1% a subsidios y apoyos; y 9.8% a prestaciones laborales.

La iniciativa firmada por Delgado Carrillo establece modificar las leyes de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario; y de Ciencia y Tecnología.

Además incluye las de Cooperación Internacional; la General de Protección Civil; la de Disciplina Financiera; la Aduanera; la Reglamentaria del Servicio Ferroviario; la de Cultura Física y Deporte; de Derechos; y abroga la que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.

Justificación en corrupción

Andrés Manuel López Obrador criticó el miércoles a los opositores de la propuesta presentada en la Cámara baja el pasado 20 de mayo.

El primer mandatario declaró que la eliminación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica -es decir, no paraestatales- es parte de un reacomodo administrativo para evitar derroche y otros actos de corrupción.

“Cada vez que se plantea que vamos a hacer una revisión de todas estas estructuras, de inmediato se dice ‘no les importa la cultura, la ciencia, la tecnología, los niños con cáncer’ (..) claro que nos importan (pero) no queremos que haya corrupción”, dijo.

Además, aseguró que no significa que le “vayan a faltar recursos a la ciencia y a la tecnología”.

Los fideicomisos en México han estado estigmatizados desde hace años con la falta de transparencia, presuntos actos de corrupción y uso discrecional de recursos públicos.

Irma Eréndira Sandoval, actual secretaria de la Función Pública, escribió en 2007 para la Auditoría Superior de la Federación que los fideicomisos sirven a entidades y organismos gubernamentales para disponer de recursos públicos sin vigilancia y supervisión.

Al cierre de 2018, había disponibles 973,999 mdp en fideicomisos, según un estudio de Fundar. Esta cifra representó 5.2% del Producto Interno Bruto ese año.

Pero 93% de ese dinero se ejerció sin controles de vigilancia, de acuerdo con el estudio. Además, 60% de las solicitudes de información sobre dichos instrumentos carecen de transparencia.

Esto se debe a los mínimos niveles de transparencia, a un marco legal limitado y a la complejidad de estas figuras por estar involucradas con instituciones privadas, dice Salvatierra de Fundar.

Pero la solución para la activista no está en la desaparición de los fideicomisos, sino en el establecimiento de mejores sistemas de control.