¿Qué tan ciertos son los datos sobre crimen en el Estado de México? No tanto como deberían.
La entidad tiene la tercera mayor diferencia entre los registros de homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías y ministerios públicos, concentradas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De 2015 a la fecha, en territorio mexiquense se han quedado mal registrados más de 5,700 homicidios, revela el reporte ‘Fallas de origen 2019’, elaborado por la organización civil México Evalúa. Esto representa una traba para las investigaciones criminales y, en la mayoría de los casos, que se obtenga justicia para la víctima y se sancione a los responsables.
El registro incorrecto se da en muchos casos cuando, una vez hallado un cuerpo, las autoridades consideran que su muerte fue resultado de un accidente -homicidio culposo- y que no hubo intención de terminar con su vida, es decir, no fue doloso, considera el estudio.
La problemática en el Estado de México
Hay irregularidades graves en los datos sobre crimen en el Estado de México, de acuerdo con el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC), planteado por México Evalúa.
“Es el caso más emblemático” de irregularidades respecto al debido proceso, explica David Ramírez, coordinador del programa de seguridad de la organización.
La entidad, gobernada actualmente por Alfredo del Mazo, acumula al menos 5,722 homicidios mal reportados, con lo que se convierte en la más alta del país y la tercera con mayor diferencia a nivel nacional entre las defunciones registradas por el INEGI y las carpetas abiertas al respecto del SESNSP.
Además, cuenta con el mayor número de irregularidades entre los homicidios culposos que reporta, pero por una razón distinta al resto del país: las autoridades encargadas de llenar la estadística criminal subreportan los homicidios accidentales “y posiblemente delitos en general”, señala el documento.
Sobre la causa de los subreportes de homicidios accidentales, se desconoce la causa. Sin embargo, la falta de capacidades económicas, de personal, o la mala capacitación podrían ser algunos de los factores.
El otro tiene que ver con la manipulación de datos desde el interior de la institución o a pedido de otras autoridades locales.
Este ICEC toma en cuenta las cifras de asesinatos en dos fuentes oficiales (el INEGI y el SESNSP), que recopilan su información de dos fuentes distintas, pero que deberían coincidir. Posteriormente, analiza la diferencia entre las cifras de ambos instrumentos y la relación entre los homicidios dolosos y culposos.
Cabe destacar que mientras que el INEGI reporta las muertes calificadas por un médico como fallecimiento por homicidio doloso, las estadísticas que muestra mes con mes el SESNSP refleja las carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas, a partir de denuncias o reportes de homicidios.
Un problema no exclusivo
Aunque las irregularidades en los datos de crimen en el Estado de México son “emblemáticas”, otras entidades padecen del mismo mal.
Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Baja California y Veracruz también presentan problemas en estadística criminal, revela el estudio.
En los casos de Hidalgo y Michoacán, que junto al Estado de México se consideran focos rojos, se ve una relación entre los homicidios dolosos y culposos, lo que indica que las autoridades pueden estar registrando mal las carpetas.
“Como los homicidios culposos son accidentales, muertes por accidente, no tienen un patrón. No deberían tener una correlación con los homicidios dolosos, pero en la mayor parte de los estados es algo que detectados”, comentó Max Holst, uno de los coautores de ‘Fallas de origen 2019′.
Sin embargo, la naturaleza de los problemas en ambas entidades es distinta: en Michoacán, se detectó que hay una reclasificación sistemática de los delitos, mientras que en Hidalgo se reportan menos de los que ocurren.
En cambio, las entidades con mejor confiabilidad en su estadística criminal son Yucatán, Aguascalientes, Colima, Coahuila, Querétaro, Sonora y Zacatecas, donde coinciden los datos del INEGI y del SESNSP.
Una manera de acercarse a las mejores prácticas y reducir las anomalías, “que al parecer se han vuelto la regla en el sistema de justicia es regular y homologar la forma en la que trabajan las fiscalías y estandarizar procesos para evitar cambios de registro, señala Holst.
