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20 de marzo 2019 | 5:00 am

El Partido Encuentro Social (PES) quiere recuperar el registro que perdió en las elecciones federales de 2018, y no le importa si eso significa pasar por encima de las leyes electorales o de la propia Constitución Política de México.

El hipotético regreso de la institución política fundada en 2006 plantea una reconfiguración del sistema de partidos políticos en México en materia de repartición de recursos y de participación en los procesos electorales.

Además, dicen algunos expertos, abre la puerta a una reinterpretación de las leyes en materia electoral.

“Si le devuelven el registro al PES, lo que tendríamos que hacer es revisar la legislación porque muchas normas ya no tendrían sentido, como las disposiciones que regulan la conformación, pérdida de registro y la representación de los partidos políticos”, dice César Astudillo, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Resurrección en la mesa

El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió quitarle el registro como partido político nacional al PES el 3 de septiembre de 2018, debido a que no logró cubrir el requisito de obtener cuando menos el 3% de los votos en las elecciones federales de 2018.

De acuerdo con la resolución de la autoridad electoral, el partido conservador nacido en Baja California, perdió su registro porque así lo establecen la Constitución Política de México, la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

“… el partido político que no obtenga, al menos el 3% de total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro”, dice el artículo 41 constitucional.

El acuerdo aprobado por la Junta General Ejecutiva del INE, señala que en ninguno de los comicios para elegir al nuevo presidente del país, a los Senadores o Diputados federales, el PES superó ese 3% de la votación total que estipula la Constitución.

Pese a la resolución del INE, la cúpula del PES se niega a reducir a los ámbitos locales la representación del partido que forjó alianza con Morena para los comicios del año pasado, alianza que resultó ganadora en la elección de gobernador en Morelos, representada por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

El dirigente del PES, Hugo Eric Flores, sostiene que hubo un conteo equivocado en las casillas durante el 1 de julio y argumenta que el INE “no pudo comprobar” que no obtuvieron el 3% de los votos que establece la ley para mantener su registro como partido nacional.

“Desafortunadamente, el debate se ha tornado político y no jurídico. Es una elección mal contada, donde los votos que fueron tachados para Morena/PES o las boletas que fueron tachadas para Morena/PT/PES solamente le fueron contabilizados a Morena, ese es el fondo del asunto”, dijo en entrevista con Aristegui Noticias el también fundador del PES.

No obstante, la posibilidad más grande de resurrección para el PES viene desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la máxima autoridad electoral en México.

De acuerdo con un reporte del diario Reforma, el magistrado electoral Felipe de la Mata alista un proyecto de sentencia que así lo permita, debido a que el funcionario interpreta que a pesar de no haber logrado el porcentaje mínimo de votos, el registro del PES se puede mantener por el número de diputados que obtuvo en alianza con Morena y el Partido del Trabajo.

“Lo que dice la Constitución es que el PES debe perder su registro. De hecho ya lo perdió, pero, desde el TEPJF hay una propuesta que argumenta que tener participación en el Congreso les acredita como partido político, a pesar de que la Constitución dice lo contrario”, explica Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research de New York.

EL CEO buscó al magistrado De la Mata, pero hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.

Cambios en el tablero político

Si se confirma esta interpretación y el TEPJF determina regresar el registro al PES, las modificaciones en el esquema partidario irían desde una nueva repartición de recursos federales a las organizaciones políticas hasta una reaparición del partido en los proceso electorales para los cuales no estaba contemplado.

Desde la primera vez que apareció en el padrón de partidos nacionales, en 2015 hasta el 2018, el PES ha recibido poco más de 824 millones de pesos (mdp) en recursos federales, según datos de los reportes de financiamiento anual ordinario del INE.

Para este año, el INE contempla la repartición de 4,728 mdp entre Movimiento Regeneración Nacional Morena (Morena), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC).

“Si llega a revivir el PES, se deberá hacer una nueva repartición del dinero que va a los partidos, aunque no es posible calcular lo que se le dará y lo que se les restará a los otros. Dependería de otra reinterpretación de las leyes”, dice López Montiel.

Además, coinciden los expertos entrevistados, si el PES revive gracias a una posible resolución del TEPJF, debería quedar habilitado para participar en todos los procesos electorales programados para los siguientes tres años, incluyendo las elecciones federales de 2021.

Para este año, el INE tiene contempladas las elecciones estatales de Puebla, Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango y Quintana Roo. En 2021, además de la renovación del Congreso de la Unión, se elegirán los gobernadores de Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Campeche, Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua y Tlaxcala.

Violación a las ‘reglas del juego’

La aprobación de una sentencia que favorezca el regreso del PES al tablero político de México sería una violación flagrante no solo a la Constitución de México, sino a las leyes en materia electoral, opina Francisco Jiménez Reynoso, doctor en derecho e investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG).

“Tendrían que respetarse las reglas del juego sin interpretar más allá de lo que dice la Constitución por algún magistrado que está buscando acomodar las cosas en favor de un grupo particular. Esto iría en contra de las reglas del juego que están en la Constitución, así como en las leyes relativas a los temas electorales!”, advierte Jiménez Reynoso.

Sin embargo, el académico dice que violar las leyes para beneficiar al PES no se traducirá en una reforma Constitucional que modifique permanentemente la política nacional, pero piensa que puede sentar un precedente para otros quebrantos a la legislación nacional. Por ello, no descarta que el proyecto de De la Mata pueda derivar incluso en un juicio político en contra del magistrado.

“Una vez aprobado el proyecto que por el TEPJF, la única opción que quedaría para echar atrás la decisión, sería un juicio político en contra del promotor o promotores de la medida”, explica el entrevistado.

El Sistema de Información Legislativa dice que un juicio político es un procedimiento constitucional que realizan las cámaras del Congreso cuando los actos u omisiones de los servidores públicos “redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.