Nota del editor: Este texto fue publicado por primera vez el 14 de septiembre
Ya pasaron casi seis meses desde que se realizaron las audiencias por el caso de Emilio Lozoya en Ciudad de México; mientras él permanece en su residencia como medida cautelar, acciones simultáneas se desarrollan a su alrededor.
Animal Político dio a conocer el 20 de enero que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará cargos por posible corrupción y lavado de dinero a varios exlegisladores y exfuncionarios federales que Lozoya Austin señaló que formaron parte de un esquema de sobornos con recursos de la constructora Odebrecht. El primero de ellos ya fue Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN.
En agosto, el fiscal general Alejandro Gertz Manero declaró que Emilio Lozoya coopera con las autoridades. Ahora, Animal Político indicó que fiscales responsables de la investigación prevén proponer la suspensión de los dos procesos penales abiertos en contra Emilio Lozoya, antes del 7 de marzo.
Si dicha colaboración no fructifica, la FGR podría retomar las acciones legales en su contra sin perder las vinculaciones que ya consiguió por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Mientras eso se define el exdirector de Pemex continuará en libertad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, durante la conferencia matutina de septiembre, que los bienes de Lozoya, que se hayan adquirido con bienes de procedencia ilícita tienen que formar parte del patrimonio nacional.
La declaración fue a propósito de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito otorgó, el pasado 10 de septiembre, un amparo a Emilio Lozoya para que autoridades no pudieran asegura una de sus propiedades en Ciudad de México, ubicada en Lomas de Bezares.
La juez determinó que la FGR tiene que girar una nueva resolución que purgue “los vicios formales que la afectan”.
Por su parte, la FGR requirió, y obtuvo, una prórroga a la juez para materializar el amparo.
El Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado intentó subastar la propiedad adquirida en 2012 por 34 millones de pesos, aun con la negativa de la Fiscalía debido a que carecía del aval necesario para traspasar el inmueble.
Esos bienes pasarán al patrimonio nacional, como lo establece una reforma que tiene que ver con la extinción de dominio
repitió Andrés Manuel López Obrador
Tres días antes, durante el 7 de septiembre, un juez del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México negó el amparo de Emilio Lozoya respecto a la sentencia que permite una investigación en su contra por delitos electorales presuntamente cometidos en 2015.
En agosto, luego de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó sus declaraciones de hechos, políticos presuntamente involucrados en actos de corrupción que los vincula al caso Lozoya, se manifestaron para negar las acusaciones o para emprender acciones legales en su contra, como Ricardo Anaya o Miguel Barbosa.
Alonso Ancira, vinculado con el caso Lozoya
El titular del Ejecutivo también aseguró que su gobierno cuenta con pruebas de que Alonso Ancira vendió la planta de fertilizantes de Agro Nitrogenados a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares.
“Y tenemos pruebas de la relación estrecha con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta”, aseveró respecto a la denuncia que interpuso Ancira el pasado 11 de septiembre en su contra por los cargos de difamación.
El Tribunal Supremo español comunicó el 13 de noviembre que rechazó el recurso presentado por Ancira, contra su extradición a México, donde enfrenta cargos por corrupción.
El tribunal español concluyó que las acusaciones que enfrenta el empresario Alonso Ancira en México también son castigadas en España. A su vez, rechazó los argumentos en los que sostuvo que era víctima de una persecución política por parte del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
