El lunes circuló un memorándum que presuntamente habría sido ideado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que está dirigido a los integrantes de los órganos reguladores del sector energético.
En este, se detallan “los lineamientos básicos de la política energética que deben aplicarse en beneficio de la nación”. EL CEO pudo corroborar que el documento fue filtrado por algún elemento al interior de la Oficina de la Presidencia, y que se trata de apuntes realizados durante una reunión en Palacio Nacional.
El documento va en línea con la visión de López Obrador, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, pero profundiza en algunas acciones que la administración pretende realizar, con las cuales podría tener algunos conflictos, de acuerdo con expertos.
La intención de “regresar a la política de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos” establece metas ambiciosas en los sectores eléctrico y de hidrocarburos.
Sector eléctrico
Uno de los principales objetivos mencionados en el documento es el de mantener la política de no aumentar en términos reales los precios de la electricidad, las gasolinas y el gas. En el caso de la electricidad, los precios pueden mantenerse bajos de forma artificial mediante subsidios, pero también podrían bajar mediante la adopción de una mayor cantidad de generación limpia, algo a lo que el memorándum se opone.
La ‘estrategia’ de beneficiar las centrales de la CFE y buscar mantener las tarifas eléctricas bajas presenta condiciones mutuamente excluyentes, al menos mientras la CFE no sea capaz de eficientar su operación, explicó René Narvaez, especialista en el mercado eléctrico.
Para CFE el subsidio a las tarifas de Suministro Básico elimina los pocos incentivos que pudieron haberle quedado para disminuir sus costos de generación.
El documento habla de respetar los contratos firmados por otras administraciones, pero también señala la necesidad de eliminar cualquier subsidio a empresas privadas, un mensaje que puede interpretarse como una referencia a las tarifas de porteo preferencial para contratos legados.
“La tarifa de porteo tipo estampilla es un beneficio previsto en el marco legal anterior como un incentivo para el desarrollo de proyectos renovables. Es un mito que el porteo preferencial dañe a la subsidiaria de transmisión de la CFE (…) la tarifa incluye una tasa de rentabilidad conforme a los estándares de la industria, señaló Narvaez.
El memorándum señala también la posibilidad de realizar asociaciones con privados en generación eléctrica. Para Narvaez, la CFE debería analizar la posibilidad de realizar estas alianzas en beneficio de las redes de transmisión eléctricas, las cuales resultan mucho más problemáticas para el Sistema Eléctrico Nacional que la generación.
Finalmente, la administración también pretende repotenciar las hidroeléctricas, tecnología que incluso podría funcionar como respaldo de la generación eólica de la misma forma que lo hace en países nórdicos, si así lo decidiera el gobierno federal.
Circula el memorándum de AMLO a los órganos reguladores definiendo la política energética, los regulados deben leerlo al pie de la letra, para entender cómo vienen las cosas. pic.twitter.com/up6PeJ0QBF
— marcial diaz (@marcial_diaz) August 4, 2020
Hidrocarburos
Las metas expuestas para el sector petrolero se basan en una meta de producción más contenida, una menor exportación para concentrarse en la demanda nacional y la rehabilitación de refinerías para enfocarlas también en satisfacer la demanda de México. El problema radica en los altos costos de rehabilitar una refinería, y los bajos costos de importar gasolinas actualmente.
Tras el reporte de Pemex del segundo trimestre de 2020, Rosanety Barrios, analista del sector, celebró los cambios a las metas de producción, pero destacó que el verdadero problema de la empresa sigue siendo los costos de producción.
El asunto es que por más que ellos digan que producen barato, la verdad es que los costos de producción han ido subiendo, y su generación de efectivo ya no alcanza ni para servir la deuda
La reducción a las exportaciones también representaría una menor renta petrolera, sobre todo tomando en cuenta que Pemex pierde más de 10 dólares por barril de petróleo que refina.
El proceso de rehabilitación, además, representa un gran costo y el paro total de las instalaciones en cuestión, explicó Bernardo Del Castillo, Health, Safety and Environment, Business Continuity de una empresa global.
“Parar una refinería como Salamanca es un asunto que te puede tomar 10 o 12 días. Después la pones en condición segura (…) requiere compras de equipos grandes y licitaciones, porque Pemex no tiene el personal ni el material para hacer un mantenimiento de ese tamaño” dijo Del Castillo.
Estimó que el costo del reacondicionamiento de una refinería ronda los 4,000 millones de dólares: en línea con el presupuesto que la administración anterior calculó para rehabilitar Tula, obra que este gobierno piensa retomar muy pronto.
Marco normativo y certeza jurídica
La postura del documento sí representa la posibilidad cada vez más real de que existan aún más cambios a las reglas del juego para los participantes privados del sector energético, por lo que su implementación sería un golpe más para la de por sí débil certeza jurídica del mercado.
“El marco legal te da, como mexicano, la libertad legal de elegir cómo proveerte de energía. Ahora el Presidente te dice que el Estado debe suministrarse sin importar el precio, porque es la propiedad y el espíritu de la nación. Ya no hay mercado y el Presidente quiere que se haga a través de Pemex y CFE por una cuestión ‘moral’ que se contrapone con lo que está en la constitución”, explicó Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.
Arroyo también destacó que el combate a la corrupción, que es mencionado dos veces dentro del documento, tiene como herramienta principal la suspensión de permisos, lo que también disminuye el tamaño del mercado.
