La suspensión indefinida contra el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, quien ha votado en contra del proyecto aeroportuario de Santa Lucía, llamó la atención de #NoMásDerroches, organización que se opone a la obra.
El colectivo formado por organismos civiles y empresariales afirma que detrás de la medida tomada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) está la presión del gobierno federal que busca allanar la pista para el despegue del polémico aeropuerto civil.
El jueves, el CJF en voz del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, informó la decisión.
Aunque no dio el nombre del afectado, más tarde trascendió que se trataba de Camero Ocampo, integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, instancia que le ha tocado resolver la subsistencia o revocación de las suspensiones judiciales sobre el proyecto pensado en la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México.
El CJF inició una investigación sobre Camero Ocampo debido a presuntas irregularidades en sus ingresos.
Este viernes, El Universal reportó que según sus fuentes una de las irregularidades tiene que ver con la compra de una casa en Paseos del Pedregal, en la Ciudad de México, por la que supuestamente pagó 17.8 millones de pesos y que habría puesto a nombre de uno de sus hijos.
El colectivo refirió en un comunicado que a principios de la semana denuncio inconsistencias, irregularidades e indicios que apuntaban a que los integrantes de ese tribunal eran presionados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para levantar todas las órdenes de suspensión contra Santa Lucía, concedidas tanto por ellos como por distintos jueces de distrito.
Dijo que el jueves, fecha prevista para la revisión de cuatro suspensiones otorgadas en contra de la obra, presentó un impedimento a dos de los tres magistrados integrantes del tribunal al afirmar que habían perdido su imparcialidad.
Entre los argumentos expuestos contra esos dos juzgadores está el que mostraron un cambio drástico de criterio entre fallos dictados hace unos meses y resoluciones emitidas recientemente, y que dieron resolución a asuntos sin notificar previamente a las partes.
La organización indicó que a pesar de que la Ley de Amparo establece que cuando se presenta impedimento fundado contra dos o más magistrados éste debe resolverse por otro tribunal colegiado, los mismos magistrados sujetos del impedimento resolvieron y desecharon el recurso.
Esto, incluso, en contra de lo sugerido por el tercero de los integrantes y de quien no se solicitó recusación al haberse mantenido firme y congruente en sus resoluciones –magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo– y quien les hizo ver que no era correcto que ellos mismos se convirtieran en jueces de su propio impedimento y que debían, en todo caso, enviarlo a un diverso tribunal colegiado, como lo marca la Ley de Amparo,
manifestó #NoMásDerroches.
El colectivo se quejó de que ciertos recursos de revisión fueron resueltos por mayoría de dos votos contra uno de manera favorable a los intereses del gobierno federal y finalmente se revocaron cuatro suspensiones en contra de Santa Lucía.
#NoMásDerroches sostuvo que con independencia de la procedencia o no de las acusaciones contra el magistrado Camero, el contexto en el que la decisión se da, “precisamente horas después de que decidiera votar en contra del Proyecto de Santa Lucía”, y el caso “sin precedentes” de los otros dos magistrados, evidencian y confirman la presión ejercida por el gobierno federal a fin de que el asunto sea resuelto conforme a sus intereses.
Tiran cinco de siete suspensiones contra Santa Lucía
De las siete suspensiones obtenidas contra el proyecto, cinco ya fueron revocadas, precisó este viernes a Grupo Fórmula el director del Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción, Gerardo Carrasco.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el también vocero del #NoMásDerroches informó que en total se obtuvieron nueve suspensiones, pero dos se refieren al aeropuerto que se construía en Texcoco.
El colectivo reiteró su solicitud a la Suprema Corte para que atraiga la resolución del resto de los recursos de revisión interpuestos por el Ejecutivo federal para que sean resueltos de manera imparcial y con estricto apego a Derecho.
