La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, explicó en qué consiste la reforma al Poder Judicial planteada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), destacando la elección de magistrados y ministros por voto popular.
Durante su intervención en la conferencia de prensa mañanera celebrada en Palacio Nacional, la funcionaria resaltó que la iniciativa destaca por apostar por un método democrático para elegir a los encargados de impartir justicia en el país.
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Asimismo, plantea la creación de un órgano encargado de vigilar el trabajo realizado por los juzgadores, evaluar su desempeño y todo aquello vinculado a la austeridad y transparencia.
La secretaria de Gobernación recordó que actualmente los ministros son propuestos por el presidente de la República y aprobados por el Senado; mientras jueces y magistrados cuentan con el aval de procesos cerrados a cargo del personal del Poder Judicial.
Así funcionará el Poder Judicial con la reforma
Con la reforma propuesta por la actual administración, todos los cargos serán elegidos por votación de la ciudadanía. Asimismo, se contarán con convocatorias abiertas para licenciados en derecho que cuenten con un promedio mínimo de 8 y 9 en materias afines al cargo; además se requerirán cartas de recomendación y ensayos que respalden la candidatura.
Los perfiles postulados serán evaluados por comités para elegir a aquellos que en su trayectoria y preparación se destaque la honestidad.
El organismo encargado de vigilar a los juzgadores será una autoridad independiente de la Suprema Corte y podrá investigar la actuación de cualquier juzgador y aplicar las sanciones correspondientes.
Respecto a la evaluación de desempeño, cada 9 años los jueces y magistrados deberán ser ratificados mediante el voto, serán evaluados en el primer año de su cargo y podrán ser suspendidos o destituidos si tienen un mal desempeño, además de estar obligados a dar aviso y justificar demoras procesales ante el Tribunal disciplinario.
Finalmente, en lo que respecta a austeridad y transparencia, los sueldos estarán topados respecto a la remuneración del presidente, se eliminarán haberes y privilegios al concluir. También quedarán atrás los fideicomisos, que deben reintegrarse para implementar la reforma y garantizar que los presupuestos de egresos de cada año contemplen todos los derechos adquiridos de los trabajadores.
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