La Fiscalía General de la República (FGR) vio en 2020 un año útil para profundizar las investigaciones contra Emilio Lozoya y Rosario Robles, quienes han decidido acogerse al criterio de oportunidad para resolver su situación jurídica, sin embargo la figura tiene sus riesgos.
Arturo Cossio, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó las implicaciones que tiene el hecho de que la Fiscalía arme un caso de gran calado dependiendo principalmente de este recurso.
Cossio explicó que este recurso llegó con la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia que se aprobó en 2008, pero tardó ocho años en implementarse en toda la República.
“En un recurso relativamente nuevo porque desde la reforma empieza el sistema acusatorio de oportunidad; antes el MP (ministerio público) estaba obligado a investigar y perseguir cualquier posible delito, ahora el MP ya puede ejercer criterios de oportunidad en ciertas actividades penales”, indicó el académico.
Detalló que el Código Penal prevé cuáles son los supuestos que permiten la aplicación del criterio de oportunidad con tres objetivos: que no llegue a juicio más de 10% de los delitos para evitar que el sistema sea rebasado, asegurar y concentrar los recursos efectivos para investigar y sancionar los delitos de mayor impacto e importancia, además de que busca tener una justicia más eficiente que priorice a las necesidades de la comunidad y no deje de investigar delitos transcendentales porque perdió recursos en delitos que se podían solucionar de otra manera.
Sin embargo, en este contexto tiene ciertos requisitos: el imputado debe aportar información esencial para para que la Fiscalía demuestre el delito o responsabilidad de otras personas y esta información debe servir para la persecución de un delito más grave que el del imputado, además de que es necesario reparar el daño, en este caso económico.
Crece la lista
En el caso de Emilio Lozoya, ser un testigo colaborador, como se le conoce coloquialmente al recurso jurídico de criterio de oportunidad, fue una opción desde que estando en prisión, en España, su padre y defensa negociaran la posibilidad de ser extraditado a cambio de este beneficio.
Así regresó a México el 17 de julio, listo para enfrentar dos audiencias: una por el caso Odebrecht y otra por la compra de la planta de Agro Nitrogenados por parte de Pemex durante su gestión como director de la petrolera.
Rosario Robles, en cambio, esperó más de un año desde que ingresó al penal de Santa Marta Acatitla para solicitar el mismo recurso. Incluso, en julio pasado Gertz Manero refirió que ella, a diferencia de Lozoya, no parecía colaborar con las autoridades. Fue hasta el 25 de noviembre que la defensa de la exsecretaria de Sedatu y Sedesol solicitó formalmente acogerse a la figura.
Pero hay un tercero: Emilio Zebadúa. Quien fuera oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, bajo la titularidad de Rosario Robles, ofreció a la FGR ser testigo colaborador en el caso que en contra su exjefa debido a que él también ha sido implicado.
En los tres casos aseguran contar con información que vincula al expresidente Enrique Peña Nieto de forma directa con investigación derivada de la investigación periodística La Estafa Maestra, de Animal Político.
En el caso de estos tres imputados, el delito no es más grave, pero su participación es distinta con base en el rango de quienes están involucrados, sin que tengan un proceso legal activo como Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, así como el expresidente Enrique Peña Nieto.
La figura de criterio de oportunidad tendría que ser excepcional y ahora parecería que sí es un abuso porque al menos tres imputados se acogen a esa figura para incriminar a otro probable imputado
señala Arturo Cossio
Advierte que estos nuevos testigos colaboradores pueden decir sólo lo que la Fiscalía quiere oír ya que su testimonio no es “desinteresado”, pese a que uno de los parámetros para otorgar este beneficio es que el testigo sea imparcial.
También repara sobre la posibilidad de que la FGR no profundice su investigación porque ésta se basaría en información que le proporcionan personas “que también están tratando de salvarse”.
Por su parte, Leslie I. Jiménez Urzúa, abogada penalista, asegura que el Código Nacional de Procedimientos Penales no visualiza el criterio de oportunidad como un derecho de los imputados.
“En el caso particular, no existe una víctima como tal, sino la sociedad, es por ello que no existe -desde la perspectiva de la FGR- imposición respecto a quien o quienes pueden oponerse a dicha aplicación”, señala.
No obstante, señala que el mismo artículo 256 que prevé los casos que operan el criterio de oportunidad y podrían aplicarse en casos de interés públicos, así que el riesgo de la FGR es que podría manejar unilateralmente lo que considera relevante y lo que no.
Además, considero que este caso formulado con base en testigos o presuntos culpables que se acogen al criterio de oportunidad podría fijar un precedente si la FGR actúa de conformidad al mismo CNPP, en caso que los supuestos no se adecuen la otra opción que tendrán será el Procedimiento Abreviado, como sucedió con Javier Duarte, quien recibió una condena menor por haber aceptado los cargos que se le imputaron y ante el riesgo de ir a juicio.
“La FGR está utilizando esta figura desde la perspectiva del testigo colaborador y puede ser un precedente para el uso de un figura muy cuestionable dentro del SJPA (Sistema de Justicia Penal Adversarial)”, dijo.
¿Y ahora qué sigue?
El hecho de que los tres implicados hayan solicitado el criterio de oportunidad no quiere decir que la FGR, de Alejandro Gertz Manero, lo otorgue.
“La Fiscalía tiene 15 días, en cuanto termine el plazo de la investigación complementaria, para dictaminar el criterio de oportunidad. Todavía no se sabe si la FGR decidirá acusarlos o no”, explicó Cossio.
El abogado exhorta a no estigmatizar la figura por sí misma, porque en ocasiones, “el interés de conocer la verdad se antepone a otros”.
