Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el candado de 10 años para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas, contenido en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Durante la sesión ordinaria del Pleno, los ministros consideraron que la medida es desproporcionada e inadecuada para prevenir posibles actos de corrupción por parte de exfuncionarios públicos.
Por ello, los magistrados acompañaron la propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien en su exposición destacó que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas.
En este sentido, el ministro presidente Arturo Zaldívar afirmó que el término de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en la iniciativa privada es innecesariamente largo en comparación a otras medidas que buscan regular las mismas acciones.
No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo que es sobreinclusiva
dijo en su exposición de motivos.
A su vez, el ministro Luis María Aguilar argumentó que esta norma podría generar incertidumbre, ya que va en contra de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Ley de Austeridad Republicana fue publicada en noviembre de 2019 como uno de los ejes rectores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que buscaba generar ahorros en el gasto público.
Es inválida la disposición de la Ley Federal de Austeridad Republicana que prohibe laborar en el sector privado por 10 años después de ejercer el servicio público, toda vez que afecta de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada la libertad de trabajo. pic.twitter.com/nhrmjjqg7k
— Suprema Corte (@SCJN) April 4, 2022
SCJN dará continuidad a análisis de Ley de Austeridad
Durante la sesión, los ministros aprobaron establecer que la Ley de Austeridad Republicana no aplica a otros Poderes de la Unión ni a organismos constitucionalmente autónomos.
Sin embargo, el debate de la ley continuará el martes 5 de abril para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra esta ley impulsada por el gobierno del presidente López Obrador.
La Corte busca eliminar la facultad del Ejecutivo federal para decidir, de manera discrecional, cómo gastar los recursos ahorrados por la administración pública federal.
Corte avala que Hacienda inicie procedimientos de responsabilidad administrativa
De igual forma, el Pleno de la Corte avaló la propuesta de declarar constitucional la facultad de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para agregar nuevas infracciones a la Ley de Austeridad Republicana para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
Al respecto, precisó que el Congreso no violó el procedimiento legislativo para promulgar la ley ni invadió facultades de la Cámara de Diputados sobre la legislación en materia presupuestal.
Además, se avaló la conformación del Comité de Evaluación, que realizará informes para recomendar mejoras en las medidas de austeridad y ahorro de los recursos públicos.
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