El Congreso de la Unión prepara un nuevo periodo extraordinario de sesiones para este mes, luego de que ocurriera el primero a finales de junio para discutir el paquete de leyes de instrumentación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ricardo Monreal, senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) adelantó que la Cámara de Diputados convocará al segundo periodo extraordinario, en el que se revisarían “temas estrella de este sexenio”.
“Estamos por celebrar, incluso, antes de este periodo de sesiones ordinarias, probablemente un periodo extraordinario para atender una agenda pendiente de la Cámara de Diputados”, dijo en un video.
Los temas listados por Monreal tienen que ver con la revocación de mandato, el aumento en las penas por violencia doméstica y los nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como la corrupción o el robo de hidrocarburos.
Estos asuntos están relacionados con algunas propuestas más importantes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y pueden considerarse como bandera política previo a las elecciones federales de 2021, dice Salvador Mora, analista político de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El experto explica que los tres asuntos propuestos por el presidente de la Junta de coordinación política (Jucopo) son llamativos, pero no atienden a resolver ninguna problemática social desde el fondo.
“Son reformas innecesarias pero muy llamativas. En los tres casos se trata de medidas que se pueden catalogar como populismo punitivo que dan la impresión de mayores castigos, pero que no garantizan una mejoría de seguridad, el acceso a la justicia, ni la reinserción social”, describe.
José Luis Estrada, politólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) coincide, pero también señala que para la revocación de mandato la reforma es necesaria para garantizar la validez del ejercicio planeado para 2022.
“Se tiene que resolver la cuestión presupuestal, qué dirá la pregunta en las boletas. Es decir, tiene que aparecer el trabajo que desarrollará el Instituto Nacional Electoral (INE), para lo que es necesaria una ley o reglamento en la materia que determine la coordinación del proceso”, dice el experto.
El inicio del próximo periodo ordinario de sesiones está calendarizado para el 1 de septiembre. Monreal advirtió que algunos de los temas que se deben analizar en el Congreso a partir de ese día son la regulación del cannabis, una reforma integral al sistema judicial y la normatividad para plataformas digitales.
Revocación de mandato
En diciembre de 2019 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional sobre consulta popular y revocación de mandato para el presidente y los gobernadores de las entidades federativas.
Hasta entonces, esta figura política era inédita a nivel federal, aunque en algunas constituciones estatales existe desde hace varias décadas. Esta figura es una de las promesas que prometió instaurar López Obrador durante su campaña presidencial de 2018.
La herramienta sería aplicada al presidente de la República, siempre y cuando sea invocada por 33% de Diputados federales y de Senadores o por 3% de la lista nominal de electores. El ejercicio sería realizado a mediados de 2022 y solo sería vinculante en caso de que se registre la participación de más de 40% del electorado nacional.
Aunque ya está aprobada en el Congreso de la Unión -que incluye ambas Cámaras- aún falta establecer el marco normativo en el que se llevaría a cabo el ejercicio. De acuerdo con los expertos consultados, dicha normativa es la que debe garantizar que la aplicación del ejercicio sea válido.
Violencia Familiar
La Cámara de Diputados aprobó en marzo aumentar las penas de cárcel del Código Penal Federal para la violencia familiar. Con esta reforma la pena más alta por dicho delito pasaría de cuatro a siete años de cárcel.
Tras su aprobación en la Cámara baja, el proyecto de decreto se turnó al Senado para su análisis, discusión y posible aprobación. Sin embargo, el refuerzo de la medida punitiva no está cerca de brindar una mayor protección a las víctimas de este delito.
“En este caso vemos a un legislador (Monreal) que piensa que hay que estimular una agenda desde su área de competencia, sin darse cuenta de que lo que falla es la implementación de los mecanismos de justicia y de la protección de víctimas”, dice Salvador Mora.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación abiertas por violencia familiar repuntaron un 5.4% en mayo, para alcanzar un total de 16,057 denuncias a nivel nacional.
Prisión preventiva oficiosa
En febrero de 2019 el Congreso aprobó una reforma constitucional que añade al catálogo de de delitos sin derecho a fianza los delitos electorales, corrupción, robo de hidrocarburos, abuso sexual de menores, feminicidio, robo a casa habitación y a transporte de carga, desaparición forzada, y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.
Estos se sumarían a los seis ya contemplados en la legislación: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego.
Para este asunto, Monreal planteó el análisis de sus leyes secundarias.
No obstante, diversas organizaciones civiles han calificado a esta medida como un retroceso en el sistema de aplicación de Justicia que afectará principalmente a los estratos sociales de menores ingresos y que no incidirá en los niveles de delincuencia.
“Quien más entra en contacto con el sistema de justicia penal son personas de bajos ingresos. Y con la prisión preventiva oficiosa perjudicas a quienes entran en contacto con ese sistema”, dijo Jaime López-Aranda, especialista en seguridad pública y justicia penal, en entrevista con EL CEO.
