15 de octubre 2020 | 5:00 am

La conectividad universal es uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es que todo el país tenga acceso a internet antes de que termine su mandato.

Sin embargo, hay varios obstáculos en el camino que dificultan llegar a la meta, y algunos ‘baches’ que existen desde administraciones pasadas.

El alto pago de derechos por uso de espectro es el último de los temas que los jugadores de la industria de telecomunicaciones han puesto sobre la mesa como freno a la inversión y a una mayor cobertura en el país.

Pero no es lo único, pues el sector también enfrenta otros retos que frenan la conectividad universal como el despliegue de infraestructura, sobre todo en zonas remotas, la inexistencia de criterios y homologación de pagos por parte de gobiernos locales y hasta la delincuencia organizada.

Si bien la queja no es nueva, la pandemia agudizó algunas dificultades a las que se enfrentan los operadores para el despliegue, principalmente la Red Compartida.

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El despliegue en áreas rurales requiere de alrededor de 8,000 torres, de las cuales la mayoría serán torres nuevas, por lo que los proveedores tendrán que enfrentarse a muchos trámites y permisos en municipios, dijo recientemente Isabel Prieto, directora corporativa de Altán Redes, en un foro organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

A la fecha nos hemos encontrado con enormes trabas y una tramitología inmensa; en cada son distintos, no hay homologación ni unificación de tarifas, por lo que se deben tramitar permisos con hasta tres dependencias, dependiendo del estado

Isabel Prieto, directora corporativa de Altán Redes

Este escenario adverso para el despliegue arrastra consigo otro contra: aumenta los costos y los tiempos de despliegue dado que los tiempos de respuesta para la obtención de permisos municipales son amplios, sobre todo en localidades de alta plusvalía.

Pero no es todo. Prieto acusa que también se ha enfrentado a largos tiempos de respuesta para la obtención de permisos federales con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por ejemplo,  en permisos para desplegar fibra en carreteras, autopistas, aeropuertos o cruces ferroviarios.

Por su parte Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independiente de México (ATIM), dijo que los gobiernos locales deben entender el beneficio de la digitalización en todos los sentidos del gobierno.

Por ello, considera que, en principio, debe de cambiar de forma de pensar a los municipios, de reconocer la digitalización es una herramienta para mejorar y transparentar, porque el gobierno digital facilita los datos suficientes para medir las necesidades.

La ATIM está trabajando con Altán para el despliegue local de la red, de la última milla, pero siguen enfrentando los mismos problemas, a pesar de que es un hecho que para el despliegue es necesario conectar.

En esa línea, Padilla sugiere a los municipios una regulación o un impulso hacia la construcción de ductos y registros de sus calles bajo una política de despliegues de torres y postes, dado que todo eso se requiere para llevar la capilaridad de las redes troncales.