El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este lunes el decreto para la creación de la comisión de la verdad que buscará esclarecer lo que ocurrió durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
El organismo estará encabezado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y su principal tarea es aclarar lo que ocurrió al momento de la desaparición de los normalistas entre el 26 y 27 de septiembre de hace cuatro años, en Iguala, Guerrero.
Las tareas de la Comisión también incluyen deslindar responsabilidades, reparar las violaciones a los derechos humanos y hacer justicia, dijo Encinas en una ceremonia en la Segob, frente a los padres de los estudiantes desaparecidos.
La Comisión estará formada por los padres de las víctimas, un representante de la Segob, uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como por expertos profesionales y técnicos requeridos para cumplir con el objetivo de la organización.
“Como proyecto es válido e importante, esta clase de comisiones son útiles para casos específicos. Se ha probado el mecanismo en otros países aunque a veces los resultados no son los esperados pero en principio es un esfuerzo valioso, puede ser positivo”, dice en entrevista Jaime López-Aranda, especialista en seguridad pública y justicia penal.
El mensaje de que sea el primer decreto evidencia la prioridad que tiene la violencia criminal que tiene el país, lo cual me parece que es algo positivo
Javier Oliva Posada, profesor investigador de la UNAM
Las comisiones de la verdad suelen ser utilizados por países que salen de conflictos políticos como una guerra civil o un régimen autoritario. Sus facultades son tomar declaraciones, realizar investigaciones y estudios y celebrar audiencias públicas, antes de la publicación de un informe, según la Organización de la Naciones Unidas.
Para el caso de Ayotzinapa, la instauración de la comisión puede estar justificada en el presunto involucramiento de algunos elementos de las policías municipales guerrerenses, comenta Oliva Posada.
Entre los documentos que la comisión tomará en cuenta están los entregados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los estudios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Lo que va a ser importante es que la comisión llegue a una conclusión si no satisfactoria, cuando menos legítima, y para eso debe llegarse todos los documentos existente o nuevos que estime pertinente, además de buscar todos los indicios que vea pertinentes”, dice López-Aranda.
“No porque los resultados no arrojen lo que los funcionarios del nuevo gobierno, no implica que no sea la verdad. No hay que prejuzgar durante la investigación. Debe guardarse una muy importante neutralidad para poder procesar, recuperar y analizar toda la información recuperada y sobre eso llegar a una conclusión”, complementa Posada.
La Comisión está trabajando en los lineamientos de un programa de beneficios y protección para las personas que proporcionen información “que permita el esclarecimiento de los hechos”, aseguró este lunes Encinas.
“Esas herramientas ya se aplican. No hay casos como el de Ayotzinapa en la historia reciente del país pero en otros delitos vinculados al crimen organizado se han aplicado. Es una investigación políticamente muy importante por el efecto que ha tenido en la sociedad mexicana”, concluye López-Aranda.
Entre 2006 y la primera mitad del 2018 en México se reportaron poco más de 35,000 personas desaparecidas, según el informe más reciente del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED).
“Me parece que hay algo que falta grave en lo que se anunció. el establecimiento de una Fiscalía para localizar a los miles y miles de desaparecidos que hay en el país. Hay miles de personas que merecerían el mismo trato. Se requiere una decisión menos parcial y que piense en esas miles de personas”, concluye Oliva Posada.
El decreto presidencial de López Obrador será publicado el martes en el Diario Oficial de la Federación y según la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, se comenzará de inmediato con la conformación del organismo.
