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4 de septiembre 2019 | 10:20 am

La empresa estatal de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos está en cuenta regresiva para empezar con las primeras obras en octubre próximo, una fecha en la que ya se tendrían que dar a conocer la ruta, estrategia y lineamientos para poder operar; sin embargo, en el plan de conectividad universal liderado por esta empresa aún hay ‘vacíos’ que subsanar.

Si bien la empresa quedó conformada el pasado 2 de agosto, y a partir de esa fecha tiene un año para estructurar su Estatuto Orgánico, estructura y organización básicas, se prevé que empiece a operar a partir del 15 de octubre de este año conforme al régimen previsto en la ley.

En el marco de su primer informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador señaló que será el mes entrante cuando empiecen las obras de este proyecto de conectividad universal que tiene tras de sí la cancelación de la Red Troncal -un proyecto heredado de la pasada administración- y la incertidumbre de las empresas interesadas en participar.

Aunque la principal incertidumbre de la nueva empresa está relacionada en cómo va a operar, hay otras interrogantes como la falta de política pública, la neutralidad de la competencia, los derechos de vía, el uso de otras infraestructuras más allá de la fibra óptica, sinergias, seguridad, incentivos a otras empresas e, incluso, proyectos de redes comunitarias.

Una de las principales inquietudes es cómo una empresa del Estado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajo un régimen especial, tiene por objetivo ofrecer servicios sin fines de lucro, pero está constituida como una empresa.

Al ser creada bajo un régimen especial, la empresa tiene las mismas obligaciones que la CFE de generar ingresos a la Nación, sin embargo, por definición, esta finalidad se contrapone al hecho de ser una empresa sin fines de lucro, aunado a la indefinición de cómo va a generar valor social al Estado, señaló Elizabeth Peña Jaúregui, abogada especialista en telecomunicaciones.

Además de lo anterior, estas son los principales ‘vacíos’ que aún quedan pendientes por definir en cuanto a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos:

Política pública

CFE Telecomunicaciones puede funcionar con una política pública definida que contemple incentivos fiscales para las empresas, a fin de que ello dé certeza a la inversión, a las mismas empresas y a los esquemas establecidos, comentó la especialista durante su participación en la mesa de discusión sobre la nueva empresa organizada por la Barra Mexicana de Abogados.

Para José Luis Peralta, consultor de Cierte Consulting y socio fundador de Plan A, esta política pública debe ser complemento de la estrategia digital de la actual administración, a cargo de Raymundo Artis Espriú, quien a poco más de 9 meses de la entrada del nuevo gobierno, no ha definido cuál será.

Neutralidad a la competencia

En México, alrededor del 5% de la población no tiene cobertura, por lo que otra de las incógnitas es cómo va a operar esta empresa en donde ya hay cobertura y cómo mantendrá la neutralidad a la competencia, comentó Fernando Borjón, ingeniero miembro de la Junta del Reglamento de la UIT.

La neutralidad es un principio que está en la ley, y para que el Estado intervenga dentro de ese entorno, lo tiene que hacer sin afectar a la competencia

dijo el también excomisionado del IFT.

En su opinión, la reforma en el sector telecom cambió el escenario de competencia, por lo que se debería buscar que el gobierno habilite y genere certeza a largo plazo. 

Derechos de vía

Plan A, GEOS Telecom y C3ntro Telecom son algunas de las empresas que siguen a la espera de la definición de la nueva empresa para saber si tienen o no oportunidad de participar.

Sin embargo, no están dispuestas a dar internet gratis según el esquema de la nueva empresa, mucho menos ante la demanda de redes de alta capacidad que requerirá el proyecto de cobertura universal, comentó Peralta.

En ese sentido, el ingeniero señaló que si CFE Telecom permite invertir en la red de alta capacidad y comercializarla, así como acceder a los derechos de vía, Plan A sí estaría interesada pero, por el contrario, si el objetivo es que las empresas solo ofrezcan WiFi gratuito, entonces no tendría interés en participar.

¿APP o cobertura social?

La posibilidad de que se genere un esquema de Asociación Público – Privada (APP) como con la Red Compartida es prácticamente imposible, coinciden los tres especialistas, partiendo del hecho de que cualquier empresa privada ve en este proyecto un negocio que le puede resultar rentable.

Peña Jáuregui comentó que las empresas siempre buscan un beneficio económico, que es un objetivo contrario al que persigue CFE Telecom, que no tiene fines de lucro. Por ello, considera que la opción de una APP es inviable dado que ninguna empresa tendría interés en invertir si no va a obtener ningún beneficio.

Borjón Figueroa dijo que la clave está en tener un enfoque de cobertura social que permita a otras empresas acceder a la capacidad de la red de fibra óptica concursando proyectos de cobertura social en zonas específicas combinados con redes existentes en donde se pueda recuperar capital.

Para ello, considera viable la propuesta de un concurso de cobertura social que no fuera nacional dada la dispersión de territorio que existe, lo que permitiría enfocar la conectividad en soluciones de otra tecnología viable, como la satelital.

A unas semanas del arranque de obras, se espera que en breve se den a conocer los lineamientos de la empresa, lo que según los especialistas, dará certeza y pistas sobre la ruta que CFE va a seguir en cuanto a la conectividad universal.