La vinculación o no a proceso de Rosario Robles durante la audiencia del lunes dejará en claro cuál es la tónica que seguirá la Fiscalía General de la República (FGR) en el tema del combate a la corrupción, consideró Adriana Greaves, cofundadora de la asociación civil Tojil.
“El caso de Rosario Robles no es que sea el más importante, pero es muy relevante porque va a mostrar la tónica del nuevo gobierno sobre si realmente se va a combatir la corrupción o no. Saliendo de la audiencia, podremos ver si la FGR realmente va a combatirla o si solo será una simulación”, dijo la especialista.
Tojil, junto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), denunció en septiembre del año pasado a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por su presunta participación en el desvío multimillonario de fondos destinados a los más pobres del país.
El jueves, durante su primera audiencia, la exfuncionaria fue imputada por la FGR con el delito de “ejercicio ilícito de la función pública”, por la supuesta omisión al momento de evitar o denunciar actos que pudieron haber ocasionado un daño de 5,073 millones de pesos al erario.
Este delito, contrario al que fue presentado en la denuncia por Tojil -ejercicio abusivo de la función pública- no tiene aparejada ninguna medida cautelar de prisión preventiva y solo acusa a Robles de no haber conocido los desvíos de fondos, en lugar de imputarla por una presunta participación en el esquema que implicó a 11 entes gubernamentales.
“El hecho de que se esté manejando una teoría de no supervisar contra la de generar toda una red criminal de corrupción, es totalmente diferente. Nos preocupa que la Fiscalía esté enfocando los temas hacia allá, porque al final puede ser que no se lleguen a esclarecer los hechos o sancionar como fueron”, comentó Estefanía Medina, cofundadora de Tojil.
Otro punto que preocupa a las abogadas es el papel que jugaron las autoridades de procuración de justicia durante la audiencia.
De acuerdo con Greaves, Teresa Maldonado Rodríguez, agente del Ministerio Público federal, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la FGR, confesó no haber llevado nunca un juicio penal acusatorio.
EL CEO no pudo corroborar la experiencia de Maldonado de forma independiente, sin embargo su actuación durante la audiencia denotó falta de preparación en el caso. Durante su presentación de más de una hora, la fiscal tuvo problemas para enunciar los convenios firmados por Robles y atribuidos al esquema de corrupción, contenidos en su carpeta de investigación.
La FGR no pidió que se impusieran medidas cautelares contra Robles, quien solicitó un plazo de 144 horas para recabar pruebas a su favor.
Este lunes por la tarde se tiene completado reanudar la audiencia, donde se definirá si Robles es vinculada o no a proceso y bajo qué cargos.
El esquema de corrupción en el que presuntamente se involucra a Robles deriva de hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron retomados en la investigación periodística ‘La Estafa Maestra’, publicada en 2017 por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el desvío de fondos se ejecutó a través de 27 convenios generales de colaboración firmados entre 2013 y 2018 entre Sedatu y Sedesol con universidades de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Chiapas y empresas en Sonora, Quintana Roo e Hidalgo, que nunca se ejecutaron.
