Más de 380,000 transportistas se manifiestan este martes en todo el país contra la regulación de los acopladores que aumentaría la operación de los tráileres de doble remolque, los altos costos que tienen para operar y la falta de seguridad en las carreteras.
La movilización nacional llamada por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) desde septiembre, reclama también la poca disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Javier Jiménez Espriú, para dialogar y atender los problemas que atraviesa el gremio.
“No hay ninguna disponibilidad para escucharnos. Desafortunadamente, el doble remolque es promovido por la SCT, sin importar las necesidades del sector”, dijo en entrevista Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador de Amotac.
La tarde del lunes, dirigentes de la Amotac tuvieron una reunión con funcionarios de la dependencia, que no derivó en ningún acuerdo.
Abrir la puerta a la competencia desleal
Una de las preocupaciones de los agremiados de la Amotac sobre la regulación de los acopladores, también conocidos como dollys, es que se abre la puerta a competencia desleal y beneficia a los grandes empresarios sobre los pequeños empresarios.
Los acopladores se utilizan para enganchar las cajas de los tráileres y su regulación aumentaría la operación de este tipo de vehículos, que abaratarían los costos para los empresarios o contratantes del servicio, pero dejarían en una situación más precaria a los transportistas pequeños o independientes que conforman 67% del sector.
“Para legalizar los acopladores, a los doble remolque les van a dar regaladas las placas. Eso hace que el interés de los grandes transportistas – como Coca-Cola, Alpura, Bimbo o Castores – amenace con extinguir al pequeño sector”, considera Santiago Solís.
Actualmente, muchos de los transportes de carga utilizan placas estatales. Sin embargo, para poder manejar en autopistas federales – algo que la Norma Oficial Mexicana en la materia les obliga a hacer – es necesario contar con un permiso privado de carga, que exige que la unidad no tenga más de cinco años, dice Santiago.
En México, la edad promedio de los transportes de carga actualmente en funciones es de 18.8 años, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Los costos de las unidades, que pueden llegar hasta los nueve millones de pesos, y los pocos márgenes que se tienen por traslado desincentivan la renovación de los vehículos.
Por ejemplo, un viaje entre Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se cobra entre 18,000 y 20,000. De esto, la ganancia del operador es de alrededor de 3,000 pesos.
“¿Cómo nos quieren obligan a renovar el parque vehicular en estas condiciones?”, considera el coordinador nacional de Amotac.
Sobrecarga de las unidades, cuestión de seguridad
Los márgenes de ganancia estrechos muchas veces obligan a los transportistas a sobrepasar la carga que pueden llevar por ley, condición que se agravaría con la regulación de acopladores, dice Santiago Solís.
“Si a un (transporte) sencillo le dan 18,000 pesos por flete, al doble remolque le pagan 25,000. Entonces a los empresarios ya no les convendría tomar vehículos sencillos”, considera.
La sobrecarga de los autotransportes contraviene la Norma Oficial Mexicana 012-CT-2-2017, que estipula cuáles son el peso y dimensiones máximas con las que se puede circular en las carreteras federales.
Esta misma norma obliga que los tráileres de doble remolque vayan a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, tengan una bitácora de servicios, instrumentos de geolocalización y un freno auxiliar.
Sin embargo, en la práctica estas condiciones no se cumplen, lo que supone un peligro para todos los usuarios de carreteras.
“Los operadores industriales y algunos transportistas solo ven la ganancia de carácter económico, siendo que antes viene la seguridad de las personas”, considera el activista contra los tráileres de doble remolque, Héctor Gandini.
El tema incluso ha llegado hasta Palacio Nacional, a donde la Amotac ha enviado oficios dirigidos a la Presidencia de la República para exponer los problemas por los que atraviesan y exponer su punto de vista a Andrés Manuel López Obrador, sin éxito.
“Pedimos ser escuchados directamente por el presidente de la República, ya que solo nos canalizan con los directores o subdirectores, los cuales son los mismos que tienen años laborando dentro de la Secretaria (de Comunicaciones y Transportes) y que conocen a la perfección estos problemas, sin embargo nunca han hecho algo para remediarlo”, explica la Amotac en un comunicado publicado el 19 de septiembre.
El autotransporte de carga contribuye con 3.25% del Producto Interno Bruto del país, según cifras de la Canacar. Aproximadamente seis millones de familias dependen directamente de esta actividad económica.
Sin registro y con leyes paradas
Otro problema relacionado con los tráileres de doble remolque es que no existe un registro de cuántos existen en el país.
La SCT tiene contabilizadas 55,000 unidades, pero ha otorgado más de 100,000 permisos para este tipo de transporte, dice Santiago Solís.
Estos fallos en el registro se debe a que un doble remolque se “puede armas o desarmar en una hora”, puesto que solo es necesario enganchar el acoplador a las unidades, explica Gandini.
Por ello, el activista considera que la alternativa es tener una prohibición expresa para el funcionamiento de estos vehículos, en lugar de intentar regularlos.
“En este país, entre más reglas pones, hay más corrupción”, dice.
Desde el segundo semestre del año pasado, cuando inició la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados se han presentado tres iniciativas al respecto. Pero ninguna se ha discutido, en gran medida por la injerencia de cabilderos.
El 2 de octubre del año pasado, los diputados Arturo Escobar (PVEM) y Erika Rosas (Morena) presentaron una iniciativa para adicionar el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal con el objetivo de prohibir la circulación de los tráileres de doble remolque.
El 23 de octubre de 2018, la diputada Juana Carrillo, de Morena, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la SCT a cumplir la NOM-012-SCT-2-2017. Este documento no se discutió y se archivó como asunto concluido.
Casi dos meses después, el 18 de diciembre, Francisco Javier Borrego – también perteneciente a la bancada de Morena – presentó una iniciativa para prohibir la circulación de los dobles remolques en el país, basado en el número de accidentes de estos vehículos.
El 6 de febrero de 2019, Samuel Herrera (Morena) presentó una iniciativa para regular este tipo de vehículos, que no se ha discutido.
En tanto, el 19 de marzo, la senadora María Soledad Luévano Cantú (Morena) presentó una iniciativa para prohibir en el autotransporte federal y privado de pasajeros, de turismo y de carga, el uso de doble remolque y/o unidades que excedan 25 metros de largo y 38 toneladas de peso total.
“Los industriales y algunos transportistas cabildean para que esto no suba a tribuna ni se vaya a comisiones porque es una decisión de carácter económico”, dice Gandini.
Sin embargo, tanto él como la Amotac son tajantes: Es un tema de seguridad, en el que debe prevalecer el interés por la vida de los usuarios de la carretera sobre los márgenes económicos de los grupos empresariales.
