El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a quienes promueven amparos contra la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía para que “le bajen una rayita cuando menos”.
Están muy alterados, el dinero no es la vida, el dinero es el papá o la mamá del diablo,
dijo el mandatario en su conferencia de prensa de este viernes.
Calificó los recursos promovidos como un sabotaje legal y como tácticas dilatorias y chicanadas para que no se haga la obra o para demorarla.
Ayer se dio a conocer que un juez federal concedió una suspensión definitiva con la que se ordena al gobierno de Andrés Manuel López Obrador detener la construcción hasta que se resuelva el juicio de amparo.
La orden judicial también ordena a las autoridades responsables mantener las obras del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM).
La medida fue dictada por el juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México sobre uno de los juicios de amparo promovidos por el colectivo #NoMásDerroches.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), integrante de agrupación, informó ayer que el Poder Judicial ya había otorgado suspensiones definitivas en seis ocasiones en contra de la construcción.
Sin embargo, explicó, condicionaba el desarrollo aeroportuario a que se obtuvieran todos los permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica y otros.
Es decir, una vez obtenidos todos los permisos y estudios que, en su mayoría, dependían de la administración federal, el gobierno estaría en posibilidad jurídica de iniciar la construcción, sin importar que los juicios de amparo no hubiesen concluido aún.
MCCI sostuvo que con la nueva medida cautelar obtenida por el colectivo, Santa Lucía tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva.
“Lo anterior es acorde con lo que ha venido solicitando el colectivo desde un inicio: antes de iniciar la construcción de Santa Lucía y el desmantelamiento de las obras en Texcoco, el Poder Judicial de la Federación debe determinar si la decisión del gobierno cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público, como lo indica el artículo 134 de la Constitución”, aseguró.
