La controvertida reforma al Poder Judicial, calificada de esta manera por numerosos analistas, continúa su marcha tras ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con 22 votos a favor y 17 en contra, y sin ninguna abstención.
Morena y aliados, así como PAN, PRI y MC continúan con la discusión de 330 reservas para tratar de cambiar el dictamen.
El proyecto presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) plantea que los ministros, magistrados, jueces sean elegidos por sufragio, “tiene como objetivo democratizar y acercar la justicia a la ciudadanía”.
Así lo aseguró en la discusión en San Lázaro, Irma Yordana Garay Loredo, diputada del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), quien también criticó fuertemente la desigualdad en el actual sistema de justicia mexicano.
“¿Cuántos casos no hemos escuchado de personas inocentes en las cárceles que llevan años sin sentencias, y aún peor, sin presentarse ante un juez?”, cuestionó Gray.
Gray también “destacó las diferencias abismales en el trato judicial” entre aquellos que cuentan con recursos y los que no. Según su declaración, las personas con poder adquisitivo pueden acceder a altos fianzas y a procesos judiciales favorables, mientras que las “hijas e hijos del pueblo” deben esperar indefinidamente para ser escuchados por un juez.
“En muchas ocasiones son juzgados por crímenes que no cometieron, solo por pertenecer a sectores vulnerables”, afirmó.
La diputada señaló que, en contraste, deudores alimentarios y agresores de mujeres permanecen en libertad gracias a sus influencias, mientras que grandes empresas nacionales y extranjeras eluden sanciones ambientales mediante acuerdos económicos con las autoridades judiciales.
Asimismo, hizo énfasis en la situación de los pueblos indígenas, quienes, por no hablar español, son a menudo víctimas de abusos judiciales.
Críticas a la reforma al Poder Judicial
Previo a la votación, Braulio López Ochoa de Movimiento Ciudadano (MC), explicó que esta reforma no debe ser aprobada, porque puede vulnerar el Estado de Derecho.
Según Braulio López Ochoa de Movimiento Ciudadano (MC) el proceso de discusión que siguió a la presentación de la iniciativa estuvo plagado “de inconsistencias y ausencia de respuestas claras a las preocupaciones legítimas de diversos sectores de la sociedad”.
“Desde que se introdujo la iniciativa, se han llevado a cabo dos fases de diálogos que fueron una simulación, seguidos de una segunda ronda de diálogos nacionales, que incluyó nueve foros dedicados exclusivamente a la reforma judicial”.
Sin embargo, según López Ochoa, estos foros no han servido para responder las preguntas más serias y repetidas planteadas por los participantes, y que se centra en la falta de justificación para la elección popular de jueces como un mecanismo superior al actual sistema de carrera judicial.
Este sistema se basa en exámenes rigurosos para asegurar la calidad de los jueces y magistrados.
“Reiteran constantemente la elección popular, pero no explican por qué sería un mejor mecanismo”, afirmó López Ochoa.
Para él, este cambio propuesto no responde a las necesidades reales del sistema judicial y, en cambio, podría abrir la puerta a la politización y falta de independencia judicial.
Además, López Ochoa preguntó por qué la reforma busca remover a jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales que han demostrado un desempeño impecable.
Afectaciones a la participación de mujeres
Subraya la preocupación sobre el impacto desproporcionado que la reforma podría tener sobre las mujeres que han logrado romper el ‘techo de cristal’ en un ámbito predominantemente masculino. “¿Por qué deberían estas mujeres dejar sus puestos, cuando han concursado acorde con las reglas establecidas por el Estado mexicano?”, cuestionó.
La falta de claridad sobre la estructura y composición del Tribunal de Disciplina Judicial es otro de los puntos de controversia. Según López Ochoa, la propuesta actual dejaría abierta la posibilidad de influencias políticas, ya que la selección de los miembros de este tribunal dependería de figuras cercanas al Ejecutivo.
“Hablan de independencia, pero cuando se vota en contra de algo que el gobierno considera importante, se cuestiona la independencia de los jueces”, señaló.
El diputado indicó que también hay incongruencia en el discurso oficial que defiende la democratización del sistema judicial, porque mantiene sin cambios a los tribunales agrarios y administrativos, cuyos nombramientos dependen del Poder Ejecutivo.
Como alternativa, sugirió la implementación de jurados populares y audiencias públicas como formas auténticas de participación ciudadana y transparencia.
Aprueban en lo particular
Después de 12 horas de discusión quedó aprobada la reforma en lo particular, con 22 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones.
La modificación únicamente incluyó la figura de jueces sin rostro, con el fin de salvaguardarlos el rostro.
Por lo que se “remitió a la Mesa Directiva para su discusión ante el Pleno de la Cámara de Diputados”.
(Esta historia se actualizó a las 12:37 horas, agregando la votación en lo particular).
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