La Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinó el gasto federalizado de las 35 universidades públicas estatales (UPES) en la segunda fase de las auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de 2022.
En el análisis se identificó irregularidades en 27 de las 35 UPES, cuyo monto suma un total de 1,700 millones de pesos. Hasta el momento, dijo la institución, 92% de esa cifra cuenta con aclaraciones pendientes.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dijo que las deficiencias en la gestión de recursos dentro de la universidades afecta directamente el rendimiento de 85,000 docentes, así como la calidad educativa que estas instituciones ofrecen a más de 1.7 millones de estudiantes nacionales.
Irregularidades en el ejercicio de recursos
De acuerdo con el IMCO existen cinco irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos de las universidades.
En primer lugar, existen fallas en los reportes y reintegración de los recursos a la Federación. Las UPES, al recibir fondos federales, tienen la obligación de reportar oportunamente sus gastos.
En segundo lugar, se presentaron deficiencias en los sistemas de control interno, ya que sus sistemas registran fallas, lo que ha dificultado que las instituciones educativas sean monitoreadas de forma eficiente para prevenir fraudes.
La tercera causa está relacionada a la discrepancia y la falta de información contable, que ha llevado a las universidades a una asignación ineficiente de recursos. La falla en la entrega, transparencia o certeza de la información contable afecta la gestión de la instituciones, el buen funcionamiento y la calidad de la educación, recalca el IMCO.
La cuarta problemática que enfrentan es la irregularidad en los sistemas de nómina, ya que las UPES están sujetas a transparentar el costo de nómina de personal docente, no docente, administrativo y manual.
Sin embargo, de acuerdo con la ASF, al menos seis universidades que comprenden el análisis presentaron irregularidades en los sistemas de nómina. Por su parte, el IMCO resaltó que esta deficiencia afecta el mejor uso de los recursos para la contratación efectiva de personal.
Finalmente, el IMCO mencionó que la quinta irregularidad que ha identificado en las universidades es la deficiencia en los reportes que debe entregar a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Las instituciones están obligadas a presentar un reporte mensual y trimestral del uso de recursos; sin embargo, la ASF señaló que instituciones como Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Sonora no presentaron estos informes ante la SEP.
Propuesta del IMCO para garantizar el buen uso de recursos
De acuerdo con el IMCO, la educación que ofrecen las UPES pueden ayudar a garantizar la competitividad y el desarrollo económico y social del país, por ello resalta que es necesario que las instituciones cuenten con dinámicas, sistemas y recursos para garantizar el ejercicio correcto de los recursos públicos federales que reciben.
Además propone que se dé un seguimiento oportuno a las recomendaciones de la ASF, con la finalidad de evitar acciones irregulares que afecten el presupuesto de la universidades públicas.
Agregó que se debe fortalecer los sistemas contables y de nómina a través de mecanismos que consoliden y descentralicen los recursos humanos y las bases de datos utilizadas para la dispersión de nómina.
Además de garantizar el ejercicio efectivo de los recursos públicos que reciben apegándose a las obligaciones legales que han adquirido a través de financiamiento con los estados, la SEP y el Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales a través de una plataforma que permita exigir la rendición de cuentas.
Por último, el IMCO recomienda que se deben mejorar los mecanismos de control interno para reducir la frecuencia de las irregularidades en el gasto. Aseguró que las comprobaciones en los rubros de nómina, contrataciones, obligaciones fiscales y obligaciones de transparencia son esenciales para la efectividad de los recursos dedicados a la educación superior en México.
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