Cerca de 200,000 docentes y trabajadores de 10 universidades estatales están en riesgo de no recibir su aguinaldo ni su sueldo este fin de año. Pero esto no es una sorpresa.
Desde septiembre, rectores de universidades de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas advirtieron que una nueva ola de la crisis financiera se aproximaba si la federación -todavía a cargo del expresidente Enrique Peña Nieto- no liberaba los recursos de fondos extraordinarios para pagar la nómina de los docentes, como parte de un déficit de cerca de 19,000 millones de pesos.
El ultimátum está por cumplirse: diciembre llegó y las casas de estudios no sólo deberán pagar los sueldos pactados, también las prestaciones decembrinas que por ley se establecen, pero la liberación de los fondos aún es una incógnita.
La Cámara de Diputados tiene 10 días para definir la nueva ayuda financiera que recibirán estas instituciones de educación superior y a la que se han comprometido diputados de partidos como Morena, PAN, PT, PES y PRD.
El escenario no será fácil, pues además de todo los legisladores deberán sopesar y cabildear los recursos que destinarán al resto de la educación superior –con rectores de las principales universidades como la UNAM, IPN y UAM exigiendo un aumento real a sus partidas– además de empatar la nueva propuesta del presidente de crear 100 nuevas universidades, decisión que ha causado polémica.
Las 10 universidades que padecen las complicaciones financieras atienden en total a cerca de 537,616 estudiantes, según datos de los rectores de universidad compartidos a EL CEO.
Esto representa el 32% del total de la matrícula de las universidades públicas.
Una deuda histórica
La crisis financiera que arrastran 10 de las 34 Universidades Pública Estatales (UPES) del país parece no tener fin, ni solución.
En 16 años -de 2002 a 2018-, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública destinó 14,486 millones 729,000 pesos de la bolsa pública para solventar los problemas de adeudo de las UPES, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sin embargo, el recurso parece no ser suficiente pues pese a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se etiquetaron 700 millones de pesos a la partida que se encarga de subsanar este rubro -U081 ‘Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES’-.
Desde octubre de 2017, rectores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Benito Juárez de Oaxaca, así como de las autónomas de Morelos, Nayarit y Zacatecas, alertaron sobre la posibilidad de declararse en insolvencia económica.
De las 34 Universidades Pública Estatales, las de las entidades de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas son las que se encuentran en las situaciones más críticas.
La cifra exacta sobre la deuda de las universidades, en específico la de las 10 más endeudadas, no es certera, pero a decir de los rectores de las universidades asciende a 19,000 millones de pesos, mientras que la ASF reconoció números rojos por alrededor de un billón 269,694.3 millones de pesos.
¿Qué deben las universidades?
De acuerdo con el ‘Diagnóstico U081 Apoyos a saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES’, publicado por la Secretaría de Educación Pública en agosto de 2014 –el último que hizo público-, la crisis financiera de las universidades se debe a dos principales factores: no se cuentan con fondos suficientes para solventar el sistema de pensiones y jubilación de sus trabajadores, además de que existe una plantilla de docentes no reconocida por la SEP.
Desde hace 20 años, según el mismo análisis, la SEP detectó que el sistema de pensiones y jubilaciones de 30 universidades públicas generan pasivos, debido al tipo de condiciones que se pactaron en los contratos colectivos de trabajo -por ejemplo, incrementos de pensiones en proporción al salario de personal activo (jubilación dinámica), así como jubilación con el último salario recibido- y a los esquemas diversos de jubilación -se han detectado hasta cuatro distintos-.
Otro punto detectado por la SEP es que las aportaciones de los trabajadores y las universidades destinadas a este rubro fueron insuficientes –o en algunos casos nulos-, lo que provocó que por 18 años los sistemas de pensiones y jubilaciones se pagaran con subsidios federales y estatales destinados a la contratación de nuevo personal, de aquí derivó el segundo factor de crisis de las universidades.
Para poner en perspectiva el nivel de endeudamiento, de acuerdo con cifras oficiales, este año 200,000 trabajadores de 34 universidades deben recibir una pensión.
En el 2016, un informe de la Mesa Nacional para Atender la Crisis Financiera de las Universidades Públicas, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) mostró que las deudas de las universidades por sus sistema de pensiones representa entre el 0.5% y el 536% de sus ingresos totales, dependiendo de la condición de cada una.
Y la propuesta es… más universidades
El 1 de diciembre, durante su segundo discurso como presidente en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador reafirmó una de sus propuestas principales en educación: crear 100 universidades en el sexenio.
El compromiso fue el mismo que hizo durante el periodo de transición, que desde entonces despertó alertas en el sector educativo nacional, pues hasta la fecha la encargada de concretar el proyecto, Raquel Sosa Elizaga, extitular de Desarrollo Social en su gestión como jefe de gobierno del entonces DF, no ha dado a conocer los detalles del proyecto.
Desde octubre, Sosa Elizaga inició un recorrido por los municipios donde la nueva administración planea instalar las nuevas instituciones.
En una reunión con comuneros de Tepoztlán, Morelos, la encargada del proyecto detalló que los municipios seleccionados serán aquellos con menos de 45,000 habitantes, que viven “condiciones más extremas de pobreza, desigualdad y exclusión”, y que cuentan con una “basta oferta de bachilleratos, pero no la suficiente en educación superior”.
Ejemplos de ellos son Tepoztlán en Morelos, así como Zacualpan y Atoyac en Guerrero.
Según dijo en la reunión de la que circula un video en redes sociales, la mayoría de las edificaciones se harán en terrenos supuestamente donados por comisariados ejidales, por los consejos de bienes comunales y por campesinos.
De las características, señaló que las universidades serán “pequeñas” y “razonablemente sencillas”, diseñadas para albergar un cupo máximo de 1,200 estudiantes por escuela, lo que se traduce, a un total de 16 aulas que darán servicio en dos turnos.
Las construcciones partirán de modelos “amigables” con el medio ambiente, y se edificarán con materiales y la fuerza de trabajo de la propia comunidad. Se tomará en cuenta también las lenguas de los lugares.
De las carreras, según detalló Sosa, serán elegidas por la comunidad con el propósito de que generen empleos en las mismas regiones y en busca de “que el municipio sea el laboratorio de la universidad”.
También se ofreció como plazo que los planes de estudios deberán estar completos el próximo 10 de diciembre -la próxima semana-, del 8 de febrero al 11 de marzo de 2019 se ofrecerá un programa de recuperación de conocimientos a los estudiantes prospectos a ingresar a las nuevas universidades y para el 21 de marzo, el día del natalicio de Benito Juárez, el presidente dará el banderazo de salida del programa.
El problema de la crisis financiera de las universidades no fue abordado a profundidad por la académica, quien justificó el proyecto del presidente por el incremento en el número de estudiantes excluidos de las universidades y la “falta de capacidad y de condiciones” de las actuales instituciones de educación superior para absorber a los que no encuentran un espacio.
La verdad es que ya las universidades, por sus propias razones están en una situación económica-financiera muy compleja que yo espero que se resuelva lo mejor posible y desde luego la nueva Subsecretaria de Educación Superior se va a encargar de colaborar para que eso sea posible, pero sabemos que la demanda de los estudiantes sigue sin ser cubierta
Raquel Sosa agregó: “El costo de instalar nuevas aulas, contratar más profesores, choca con la posibilidad de resolver la crisis económica que tienen y las universidades privadas no están al alcance de jóvenes en condiciones más precarias”.
De los fondos para auspiciar el programa no se específico en la reunión, por eso mientras el nuevo gabinete asegura que “alcanzará el dinero” para todas las promesas del sexenio, las dudas no se han hecho esperar y rondan sobre todo en el tema educativo.
Opiniones encontradas
Una de las críticas de expertos como Marco Fernández, investigador de México Evalúa, es que el énfasis de la política pública educativa del próximo gobierno debió ponerse en la educación media superior, pues de acuerdo con la SEP, tres de cada 10 jóvenes de 15 a 17 años no estudia y el 30% de los que logran entrar a la preparatoria no concluye sus estudios.
“Es en este nivel donde tenemos el principal problema de abandono”, señala el también profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey tras insistir en que las medidas que se anuncian “no van en la dirección correcta para resolverlos”.
El investigador además refirió que los cuestionamientos también son en el sentido de si las nuevas universidades se concretarán bajo el modelo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), -mismo que coordinó Sosa Elizaga- estos no lograron los resultados esperados.
Contrario a lo que se esperaría rectores tres de las universidades endeudadas señalaron a El CEO que ven “con buenos ojos” la propuesta del presidente López Obrador, dada la demanda anual de los jóvenes por educación de este nivel.
Este proyecto no se contrapone, sino que puede ser complementario a subsanar la cobertura en educación, que es de las más bajas hasta de países de América Latina. Nosotros como universidades públicas no tenemos la capacidad para atender las solicitudes que año con año recibimos de los jóvenes. Estas universidades pueden aprovechar de la experiencias y las prácticas exitosas que han tenido las Universidades Públicas Estatales y pueden ser un complemento
Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad de Zacatecas.
Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana y Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, refirieron que “es bienvenida” la creación de educación superior, tras calificarla de “buena propuesta”.
Ambos incluso apuntaron que las UPES podrían apoyar con su experiencia en materia de calidad de la educación.
Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, concluyó que abrir instituciones educativas es una necesidad para nuestro país:
Siempre es bueno abrir escuelas, siempre, sólo hay que planear cómo lo hacemos y la manera en cómo vamos a trabajar en conjunto para cumplir
En general, estos “buenos ánimos” los resumió el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, quien indicó sobre el tema de la creación de nuevas universidades y el déficit de otras 10 que:
son cuestiones independientes, nosotros somos respetuosos de las políticas del nuevo gobierno y estamos a favor de la mayor cobertura con calidad y se pueda atender a más jóvenes
La moneda está en el aire. El reto en materia educativa que se le presenta a López Obrador se ve de arranque complicado, según los expertos. Y aunque ha sido plausible su propuesta de crear nuevos espacios a nivel universitario, también los involucrados exigen una ruta clara para lograrlos.
