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22 de octubre 2018 | 5:00 am

Para conseguir los objetivos que se trazó en su proyecto de nación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va a darle una sacudida completa a la administración pública que incluirá desde recortes a los salarios de la alta burocracia, la fusión de dependencias federales y la reubicación de algunas secretarías de Estado, entre otros cambios estratégicos.

El diputado de Morena, Mario Delgado, presentó hace unos días la iniciativa para modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a petición directa del próximo mandatario de México, en búsqueda de compactar y reducir plazas de mandos medios y superiores creadas en los últimos dos sexenios.

“El cambio exigido por la ciudadanía mexicana demanda del gobierno modificar en lo necesario la estructura de la administración pública federal para así estar en mejores condiciones y disponer de mayores instrumentos para dar respuesta a los reclamos sociales, en especial a las demandas de la población en condiciones de pobreza que hoy no puede satisfacer las necesidades básicas que cualquier persona y familia requieren para su desarrollo y bienestar”, expone en el documento.

La transformación que se planea realizar con el gobierno entrante tocará de una u otra forma a las 18 dependencias que actualmente existen, junto a cerca de 200 entidades públicas entre las que se encuentran organismos descentralizados y desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y empresas productivas del Estado, entre otras.

La iniciativa deberá estar aprobada antes del último día de noviembre, ya que el 1 de diciembre iniciará la nueva administración federal y se tiene planeado que arranque con la reestructuración propuesta.

Dan más fuerza a Hacienda

Grandes cambios propuestos se ubican al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual estará a cargo de Carlos Urzúa.

Primero se busca sustituir a las oficialías mayores de las dependencias por las “Unidades de Administración y Finanzas”, cuyos titulares los designará el titular de la SHCP, a excepción de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina. También se creará una Oficialía Mayor, la cual se encargará del seguimiento de las unidades.

Además se incluyen atribuciones para planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas y compras gubernamentales de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A dicho órgano pasará el control del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), antes conducido por la Secretaría de la Función Pública.

De igual forma podrá participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras públicas, coordinar las compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional en dichas compras.

Quitan seguridad a Segob y llega la SSPC

La Secretaría de Gobernación (Segob), la cual estará en manos de Olga Sánchez Cordero, transferirá todas las tareas de seguridad que tenía a cargo a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La nueva instancia, que encabezará Alfonso Durazo, también se hará cargo de la seguridad nacional y protección civil en caso de desastres naturales, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

La Segob pasará de tener seis subsecretarías a tres, que serán: Gobierno, Derechos Humanos y Democracias Participativa.

Mientras que a la nueva secretaría de seguridad se integrará el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el cual sustituirá al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Sustituciones y cambios de nombre

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) será sustituida por la Secretaría del Bienestar, para la cual fue propuesta María Luisa Albores.

También la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) adecuará su nombre a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que encabezará Víctor Villalobos, la cual tendrá como instituciones sectorizadas a Liconsa y Diconsa.

Comunicación social a Oficina de la Presidencia

La Oficina de la Presidencia de la República, que tendrá a su cargo Alfonso Romo, se encargará de las políticas de gobierno digital y datos abiertos de las dependencias.

Además de planear, formular coordinar, asesorar, supervisar, regular y evaluar la comunicación social del gobierno.

La llegada de los súper delegados

En la iniciativa también se propone crear las “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, las cuales coordinarán las tareas entra las autoridades estatales y municipales con el Ejecutivo federal.

Otra de sus tareas aparte de la conducción de los programas federales, será la promoción de los planes y los programas. Sus titulares serán designados por el coordinador general de Programas para el Desarrollo, en donde fue nombrado Gabriel García Hernández.

Otros cambios destacables

Se anunció que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, órganos reguladores en materia energética, estarán sectorizados a la Secretaría de Energía, la cual estará a cargo de Rocío Nahle.

Mientras que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo se adecuará a las modificaciones que se realicen a la Fiscalía General de la República, además que se coordinará con los titulares de las unidades administrativas de asuntos jurídicos.

La Secretaría de Economía, encabezada por Graciela Márquez, tendrá la facultad de mejoras en las zonas con actividades mineras con el fin de encontrar el beneficio sustentable de las comunidades.

En el área de salud se planea crear y administrar establecimiento de medicina tradicional complementaria, sector que encabezará Jorge Alcocer.

En tanto, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional, hoy dependiente de la SHCP, pasará a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuyo titular será Román Meyer.