Alonso Ancira, aun dueño de una parte de Altos Hornos de México, fue vinculado a proceso este miércoles a las 00:48 horas por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicíta, previsto en el Artículo 400 Bis. del Código Penal Federal.
El martes se llevó a cabo la segunda audiencia en el que el empresario mexicano, que fue detenido en España y extraditado a México, compareció para solicitar llevar su proceso en libertad.
En la audiencia, que duró más de 12 horas, participaron el imputado, cuatro defensores privados y cinco fiscales que representaron a las partes ofendidas: Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La defensa de Ancira planteó la nulidad de actuaciones, puesto que, pese a que existía una suspensión para el momento en que el acusado llegó al país, se llevó a cabo la audiencia inicial por cumplimiento de extradición debido a que no se logró notificar a la Fiscalía General de la República para hacerla válida.
En respuesta, la Fiscalía solicitó que se desechara la referida nulidad porque fue un punto debatido y no admitido en la audiencia pasada, que sucedió el 3 de febrero.
José Artemio Zúñiga Mendoza, juez del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Norte de Ciudad de México, desechó el incidente planteado, por haber sido discutido en la audiencia inicial.
Así, la defensa expuso datos de prueba. Arguyó que el delito de ORPI (un delito independiente de cualquier otro. Es decir, quien comete el delito de trata de personas y con el dinero obtenido se compra una casa, comete dos delitos) prescribió, en referencia al pago de un presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.
La defensa de Ancira refirió que el acto de la compraventa de la planta de Agro Nitrogenados fue lícito por haber tenido el carácter de presidente de AHMSA y ofreció un acta de escritura de la compraventa de la planta.
Sin embargo, el juez determinó que no ha prescrito el delito de ORPI. Respecto a las medidas cautelares se estableció prisión preventiva hasta que se presente el acuerdo reparatorio aprobado con Pemex el cual consiste en el pago de 219 millones de dólares de AHMSA a la petrolera.
Hasta que eso suceda, el juez fijará la fecha de la audiencia para revisar las medidas cautelares; pero sí fijo un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
