El presidente cree firmemente que puede decir y hacer lo que quiera, incluso si con ello viola la Constitución, los tratados internacionales y hasta el sentido común, pero también cree que sus actos no tienen consecuencias y esto es perfectamente entendible gracias a que todavía mantiene el control del Senado y de buena parte de la Cámara de Diputados; es decir, difícilmente sus Secretarias y Secretarios de Estado podrán ser llamados a comparecer y dar explicaciones por todas las decisiones gubernamentales que nos llevaron, y que nos están llevando a un callejón sin salida, por ejemplo del manejo de la pandemia de COVID-19, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del encumbramiento de los cárteles y de la liberación de Ovidio Guzmán.
Sin embargo, el presidente ha cometido un error de fondo y es el creer que los gobiernos extranjeros y las asociaciones internacionales no tienen forma de convertirse en mecanismos de supervisión o de accountability. Los señalamientos de legisladores norteamericanos sobre la corrupción en México, las declaraciones de militares en el sentido de que hay zonas del país fuera del control de nuestras autoridades, las calificaciones de grado de inversión (a la baja) a cargo de Standard & Poor’s y los reportes del Índice de Estado de Derecho en México del World Justice Project y el Índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, entre otros, han generado una percepción de que México representa un riesgo alto para los inversionistas.
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El presidente necesita modificar urgentemente su postura ya que ayer, los empresarios norteamericanos le enviaron un muy discreto pero efectivo mensaje por medio de sus abogados, es decir por medio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (The New York City Bar Association) quienes emitieron un inusual comunicado mediante el cual expresaron su preocupación por los comentarios realizados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus conferencias de prensa diarias, la más reciente el martes 19 de julio de 2022, en la que anunció la investigación de un juez federal por emitir un amparo en un caso que involucra al gobierno y se oponen a cualquier acción o declaración del presidente López Obrador, o de sus partidarios (que simpático), que interfiera indebidamente con la independencia del poder judicial en México.
Aunque el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York no mencionó a los jueces por su nombre, se incluyeron diversos vínculos a reportajes que claramente apuntan hacia los ya famosos jueces Ramón Lozano Bernal y Juan Pablo Gómez Fierro, quienes han emitido fallos contrarios a los intereses de su gobierno, incluyendo la nota de una estridente declaración a cargo del candidato al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, quien trabaja de medio tiempo como subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (espero que el candidato agradezca la publicidad que le hicieron).
Esta declaración, que se une a la que emitió la American Bar Association en 2020 solicitando al presidente que se respete el Estado de Derecho en México, efectivamente es inusual, porque todo indica que en realidad es un mensaje de terceras personas ¿qué interés pueden tener abogados norteamericanos en el estado de Derecho en México y el respeto a nuestros jueces?
Mi teoría es que las empresas norteamericanas que se están viendo afectadas por decisiones francamente irracionales a cargo del presidente de México se cansaron de solicitar apoyo al presidente Biden, y de ver que su Embajador en México ha terminado por convertirse en un aliado de López Obrador, y optaron por solicitarle a sus abogados que enviara este mensaje, el cual estoy seguro que fue recibido por el Secretario de Relaciones Exteriores y el Secretario de Gobernación.
Espero, de todo corazón, que el presidente no caiga en su propia trampa y el 16 de septiembre no anuncie la salida de México del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para presionar al gobierno de los Estados Unidos para que acepte los cambios que quiere realizar al capítulo energético y lo espero de todo corazón, porque si algo he aprendido de trabajar con norteamericanos es que para ellos hay algunas cosas sagradas y el dinero es una.
Todos los abogados y todos los jueces en Nueva York son parte de este Colegio de Abogados y justamente sería en Nueva York donde podrían presentarse demandas contra el gobierno de México.
Ojalá y quienes todavía le pueden hablar al oído al presidente le puedan advertir a tiempo.
