El 25 de noviembre de 2022 el presidente de México cayó en un arranque de ira en tiempo real durante su “conferencia mañanera” por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con todo y los votos de sus ministras, de invalidar la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de “facturas falsas”.
Aunque la realidad es que estos delitos no desaparecieron como lo quiso comunicar a su audiencia, sino que cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pretenda judicializar una carpeta de investigación vinculada a un caso de este tipo, deberá demostrarle al juez o jueza que corresponda que, en ese caso particular, se deberá dictar la medida de prisión preventiva justificada.
Es decir, la FGR se verá obligada a hacer un buen trabajo de investigación en vez de usar a la prisión preventiva oficiosa como una herramienta; esto en el entendido de que algún día se acuse a alguien por estos delitos, lo cual se antoja difícil.
Desde el surgimiento de la tristemente célebre reforma penal-fiscal de 2019 (que le permitió a este gobierno doblegar, a base de amenazas a empresarios y opositores), tan solo 12 personas están en prisión preventiva por estos delitos, según datos utilizados por la ministra Loretta Ortiz durante la discusión en el pleno del proyecto del ministro Luis María Aguilar.
Pero regresemos a la pataleta del presidente porque lo que dijo es tan grave que, en un universo en el que la FGR fuera en verdad autónoma, se hubiera tenido que abrir una carpeta de investigación.
López Obrador dijo que había ordenado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el desobedecer las sentencias de los jueces cuando se pretenda liberar a “delincuentes”, violando con ello el artículo 87 constitucional, el cual contempla nada más y nada menos que la protesta al cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande
Y de paso, también podríamos estar ante la comisión del delito contra la administración de justicia contenido en el artículo 225 del Código Penal Federal.
¿La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habrá girado un oficio comunicando a su personal la instrucción recibida por parte de su jefe o habrá presentado una denuncia ante la FGR?
¿Qué pasaría si la nación le demandase a Andrés Manuel López Obrador que garantice, empezando por él mismo, el cumplimiento puntual de nuestra Constitución?
Porque eso fue lo que hizo desde la mañanera, al decir abiertamente que bajo sus instrucciones serán desobedecidas las sentencias de los jueces sin quedarme claro el porqué no se desató un escándalo dentro del Poder Legislativo y del Poder Judicial por esta bravuconada disfrazada de combate a la corrupción.
Esto fue tan grave que si a esas vamos, entonces que mande de una vez al carajo a todas las sentencias que le son adversas a su proyecto o, de plano, que elimine al Poder Judicial. Salvedad expresa para los tribunales y jueces militares, claro está.
Los ministros protegiendo a defraudadores fiscales, a factureros. Aunque digan lo que digan, es proteger a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco
dijo el mandatario.
Alguien debería informarle al señor presidente que el negocio de las empresas factureras no sólo no fue perseguido por su gobierno sino que algunos de los que se hicieron millonarios con esta práctica ahora viven tranquilamente fuera de México y cuyos lugares fueron ocupados por nuevos jugadores e, incluso por funcionarios de la cuarta transformación. Alguien debería decirle al señor presidente que el negocio de las empresas fantasma no desapareció, que simplemente cambiaron los operadores y los dueños.
El último elemento de credibilidad que le quedaba a Andrés Manuel López Obrador, no ante sus simpatizantes, sino ante sus detractores de hueso colorado y ante quienes simplemente no comulgan con sus ideas: el combate a la corrupción agotó su vida útil.
A cuatro años de que comenzó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sus casi nulas acciones contra la corrupción quedaron opacadas por los escándalos de corrupción de su propia gente, y esto me hizo recordar una simpática definición:
La palabra “corrupción” proviene de la combinación del latín “romper” y “corazón”
No en balde, José José ‘El príncipe de la canción’ decía que porque el corazón de darse llega un día que se parte y remataba con algo así como que pues… el amor acaba.
Tengo la teoría es que Andrés Manuel les rompió el corazón a quienes creyeron que efectivamente acabaría con la corrupción con un chasquido de dedos.
En lugar de eso, vieron que en cuatro años de gobierno no logró meter a la cárcel a ninguno de los funcionarios del peñanietismo que sangraron las arcas del país ni a ninguno de todos esos que estaban coludidos con la delincuencia organizada.
Vieron también cómo se acumulaban las investigaciones periodísticas sobre sus hermanos y sus hijos, sobre el colapso de la Línea 12, sobre Segalmex, sobre las casas de Bartlett, sobre la relación entre Morena y el ‘rey del huachicol’, sobre la corrupción en aduanas, sobre Delfina y Texcoco o las empresas fantasma usadas por los propagandistas de su régimen, por señalar algunos de los escándalos surgidos durante la era del presidente más poderoso de los últimos tiempos.
Por supuesto que opiniones como la mía no solo no le van quitar el sueño al señor presidente, ya que gracias a su argumento de los “otros datos”, podrá insistir que en su gobierno se “combatirá” a la corrupción (si, con esa simpática fijación de hablar a futuro cuando su administración está por terminar).
Pero le deberá hacer frente, de vez en vez, a los análisis realizados por el periodismo de investigación, por organismos internacionales y por gobiernos extranjeros como es el caso del Rule of Law Index para 2022 del World Justice Project en el cual México sigue en caída libre desde que asumió la presidencia y aseveró que la corrupción había sido erradicada por decreto.
Nuestra caída en este ranking desde el 2019 ha sido la constante ya que, de 140 lugares, México fue clasificado en 2019 en el 99, en 2020 en el 104, en 2021 en el 113 y en 2022 en el 115, pero eso no es todo, si desglosamos el reporte veremos que en el apartado de “absence of corruption” el México de Andrés Manuel muestra un descenso todavía mayor ya que en 2019 fue clasificado en el 117, en 2020 en el 121, en 2021 en el 135 y en 2022 en el 134.
Sí, que muera la corrupción, como lo gritó el señor presidente el 15 de septiembre de 2022, pero no puedo dejar de preguntarme si para 2024 la administración de López Obrador le llegará a disputar a Venezuela el último lugar, el 140, del ranking del Rule of Law Index para 2022 del World Justice Project.
Efectivamente, el amor acaba.
Este texto es un artículo de opinión. Su contenido es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de EL CEO.
