La incertidumbre que rodea la futura elección de jueces y magistrados ha intensificado las protestas sociales contra la reforma judicial, como ocurrió el domingo pasado —en el marco del último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador— con la movilización de miles estudiantes de universidades públicas y privadas.
En medio la división social, las asociaciones de abogados advierten sobre los riesgos de elegir a los juzgadores por voto popular, entre estos, la concentración de poder del oficialismo y la cooptación de jueces y magistrados afines a los intereses de ciertos grupos de poder.
Aun así, la reforma judicial también posee aspectos que, de inicio, podrían funcionar, consideran abogados de reconocido prestigio. Uno de estos, por ejemplo, es la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No es un secreto que el trasfondo de la reforma que ahora se discute en el Congreso de la Unión es un ataque del presidente López Obrador en contra de un grupo de ocho ministros, encabezados por Norma Piña.
Es por ello que miembros de las barras de abogados consideran que reformar únicamente al máximo tribunal constitucional es una alternativa viable, y no tendría las mismas afectaciones políticas y económicas que se anticipan con la elección de 1,686 jueces y magistrados. Incluso, el mandatario lograría su cometido, sin tocar en su totalidad al Poder Judicial de la Federación.
Por lo pronto, estas reflexiones quedan en el aire mientras avanza la discusión de la reforma en San Lázaro, con pocos cambios respecto al proyecto original que el presidente López Obrador presentó en febrero.
Para variar, diversos actores concluyen que la iniciativa tampoco ataca los problemas más visibles del sistema judicial: la impunidad y el acceso a la justicia para todas y todos.
Reforma judicial alarga la novela del Ingenio Puga
El Ingenio Puga logró salir del concurso mercantil con el respaldo de un grupo de acreedores liderados por Altor, la firma de Fernando Aportela que en diciembre del año pasado también se hizo con el control de las acciones del ingenio azucarero.
Pues resulta que los acreedores que se opusieron la sentencia dictada el pasado 15 de agosto por la juez Olga Borja Cárdenas, acusan que el convenio concursal carece de validez, ya que no consideró los créditos correspondientes al Ingenio Tala y productores cañeros.
Dichos acreedores también señalan que Altor está prestando servicios fiduciarios ajenos a las actividades de las casas de bolsa, según lo estipulado en la Ley del Mercado de Valores. Con estas alegaciones presentaron ante un Tribunal Colegiado un recurso de apelación a la sentencia.
Por el momento, el recurso promovido se encuentra en stand by debido al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial, en oposición a la reforma. La novela, que tiene como trasfondo la lucha por el control del Ingenio Puga (motor económico del estado de Nayarit), seguirá dando de qué hablar.
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