Cuando me incorporé al mundo de los crímenes financieros entendí que hay una suerte de piso parejo para quienes se dedican a esto, sin importar para quién trabajes, el país y las leyes que te regulen: a la delincuencia organizada se le ataca en dónde más le duele, en su riqueza.
Un cártel al que logras quitarle su dinero no puede comprar armas, no puede pagar sobornos, no puede pagarle a sus sicarios, no puede alimentar sus bases sociales y no puede generar cuadros políticos y, por lo tanto, se debilitará y terminará por desaparecer.
Obviamente existe la posibilidad de que los restos de ese cártel sean absorbidos por otro que conserve su fuerza, pero esa es otra historia a la que llamaremos “fragmentación de los cárteles”.
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Dicho en otras palabras, al igual que un político pobre es un pobre político, un delincuente pobre es un pobre delincuente.
Siguiendo esta lógica, resulta llamativo ver cómo el presidente de México, por medio del todavía coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier (un priista poblano cuya carrera política transitó sin pena ni gloria hasta que migró a Morena en 2017), busca reducir el presupuesto al Poder Judicial de la Federación hasta por 25,000 millones de pesos, debilitando con ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mediante la propuesta de reducir drásticamente el presupuesto del Poder Judicial, se enciende una alarma, ya que este enfoque parece querer aplicar una versión inusual de la estrategia contra los cárteles.
Es innegable que los choques entre los Poderes Ejecutivo y Judicial en México no son nuevos. Sin embargo, en este capítulo particular, la justificación parece escurrirse entre los dedos. No es más que una mancha en el historial de un presidente que ha perdido enfrentamientos legales una y otra vez por lo que emerge una pregunta: ¿el reducir el presupuesto del Poder Judicial de la Federación es un intento de asfixiar la independencia judicial?
La comparación con la política de atacar a los cárteles es tentadora. Pero aquí, la línea se difumina. ¿Estamos hablando de quitar recursos a una organización criminal que se ha desbordado de corrupción y violencia? No, estamos hablando de uno de los pilares de nuestro sistema democrático, la Suprema Corte de Justicia. Equiparar ambas realidades es como comparar manzanas con granadas.
Este acto se asemeja a quitarle el dinero a los cárteles, solo que aquí, el gobierno no está eliminando la violencia ni el crimen. Está afectando la capacidad de impartir justicia y defender los derechos de los ciudadanos. En lugar de debilitar a delincuentes, el objetivo parece ser debilitar el equilibrio de poder, algo que no solo es riesgoso, sino que también erosiona la confianza en nuestras instituciones. Al parecer busca absorber los restos del Poder Judicial.
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La situación se vuelve aún más preocupante cuando se considera el historial del presidente en los tribunales. La propuesta de reducción de presupuesto al Poder Judicial no puede evitar levantar sospechas de que esto es una revancha, especialmente en un momento en que el país necesita confianza en sus instituciones más que nunca.
Mientras los cárteles se debilitan cuando se les quita financiamiento, debilitar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación plantea riesgos más profundos para nuestra democracia.
Ignacio, el extorsionador, en su afán de agradar al presidente para ganar la candidatura al gobierno de Puebla, nos muestra que la política no es un juego de suma cero, y las consecuencias de estos movimientos son más oscuras de lo que parecen a simple vista.
Nuestra responsabilidad como ciudadanos es mantener la balanza del poder y cuestionar si este intento de desfinanciamiento es una estrategia legítima o una forma de debilitar una de las piedras angulares de nuestro sistema democrático.
Las amenazas de Ignacio Mier son una suerte de extorsión presupuestaria y, si volvemos al apartado de definiciones, nos encontraremos con que la corrupción política es la explotación indebida del poder y la influencia política en detrimento del bienestar general y la integridad del sistema democrático.
¿Estará el diputado Mier incurriendo en un acto de corrupción política?
