La caída en las cotizaciones de muchas criptomonedas puede entenderse como una consecuencia casi natural de las sanciones que les fueron impuestas a Rusia y que obligó a los oligarcas a mover sus capitales a Dubái y a migrar los activos virtuales.

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Claro que la invasión misma ha generado inestabilidad en los mercados y muchos inversionistas han optado por cambiar hacia instrumentos financieros más estables y por supuesto, que el experimento del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para equiparar al Bitcoin como moneda de uso corriente está a nada, no solo de ser declarado como un fracaso, sino que podría traer aparejado un escándalo de corrupción mayúsculo, ya que hay indicios de que podría estarse financiando la compra de Bitcoins con dinero que le está dando el gobierno de México vía programas sociales.

“Es un financiamiento a fondo perdido” me han dicho algunos colegas.

Supongo que no en balde la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, declaró a Bloomberg desde el Foro Económico Mundial en Davos que las criptomonedas “no valen nada”.

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Analizando otras declaraciones del Banco Central Europeo entiendo que lo más preocupante es que, no obstante que los criptoactivos ya se comportan como instrumentos financieros dignos de la especulación bursátil, todavía no existe una coordinación a nivel internacional respecto de todas las medidas regulatorias necesarias para garantizar la estabilidad de las monedas virtuales como el Bitcoin, y esto es algo que necesitamos atender con urgencia en México porque no todo es color de rosa y emprendimiento sin consecuencias.

Derivado del auge generado en México por la Ley Fintech, claramente pionera en el mundo, se ha generado un discurso totalitario vinculado a las bondades que la tecnología financiera puede traer consigo pero, simpáticamente, nunca se menciona el problema que está a la vista de todos: muchos de los integrantes del ecosistema Fintech en México se encuentran concentrados en hacer negocios disruptivos menospreciando la gestión de los riesgos para prevenir los crímenes financieros.

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En días recientes he tenido la oportunidad de conversar con colegas que trabajan dentro de la industria Fintech en México quienes, de una u otra forma, me han confirmado que en muchas de estas empresas hay un problema generalizado respecto de la viabilidad de sus protocolos legales y antilavado y si bien esto no es todavía del dominio público, esto ya está en el radar de autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera.

 

Quiero hacer particular énfasis en la conversación más reciente que tuve con un experto antilavado que ha trabajado para varias Fintech ya que su análisis fue demoledor para un gremio que se jacta de que su mera operatividad los hace a prueba de balas. Nada más lejos de la realidad y, para muestra, dejo aquí un resumen de los problemas detectados:

El sueldo promedio para un Compliance Officer (una posición que en teoría es critical to business) no supera los 40,000 pesos mensuales  

  • Las Fintech contratan para estos puestos a personas demasiado jóvenes o a analistas extraídos de los bancos quienes, en ambos casos, carecen de las horas de vuelo necesarias para manejar un programa antilavado robusto y funcional.  
  • La clara debilidad para esas contrataciones es disfrazada con el cliché de la disrupción y con el argumento de que estas personas cuentan con la certificación de la CNBV y ahora también, con la de la UIF. Resulta claro que esas certificaciones terminaron por ser usadas para un fin para el que no necesariamente fueron diseñadas (por lo menos la de la CNBV): el generar un mercado negro de Oficiales de Cumplimiento.
  • Debido a la asesoría recibida desde sus propias áreas legales y de Compliance, o incluso desde Firmas de consultoría con las mismas carencias, ha puesto a las Fintech en línea directa para sanciones cada vez más fuertes a cargo de la CNBV que podrían llegar al retiro de las autorizaciones otorgadas.
  • Las Fintech tienen políticas y procedimientos antilavado, pero la realidad es que no son funcionales y ello es entendible justamente por la falta de experiencia de los Oficiales de Cumplimiento y por la negativa de la alta dirección para aceptar los riesgos que enfrentan. 

Palabras más, palabras menos, creo que en breve atestiguaremos un proceso de purga en el ecosistema Fintech a menos de que las cabezas de los negocios entiendan que su visión errada del riesgo los está colocando en ruta de colisión con las autoridades. 

Cripto no es perfecto porque es manejado por humanos pero, en palabras de Alexander Pope: “errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios”

Salvador Mejía es Licenciado en Derecho por la UNAM y Maestro en Anticorrupción por la Universidad Panamericana. Este texto es una columna de opinión. Su contenido es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de EL CEO.