Sunny A. Villa Juárez*
La inversión en primera infancia es la más redituable a lo largo del ciclo de vida de las personas. Cada peso gastado en programas de alta calidad, en favor de las personas entre cero y cinco años de edad, puede tener un rendimiento de hasta el 13%. Las experiencias, atenciones y derechos ejercidos por las personas en sus primeros años de vida influyen en la salud, el aprendizaje, la alfabetización y el desarrollo socioemocional a lo largo del curso de la vida. Por tanto, salvaguardar el interés superior de la niñez es imperante para promover el desarrollo del país y detonar acciones para reducir desigualdades.
Actualmente, 8.2 millones de niñas y niños en primera infancia carecen de mecanismos que les brinden educación inicial. Esta falta de atención a la educación de las niñas y niños limitará los retornos de las inversiones en etapas posteriores de la vida adulta y lo que será determinante para el progreso de la nación.
El Estado, en su función redistributiva, debe velar por activar mecanismos que reduzcan las desigualdades en el país. En 2020, la inversión privada promedio por persona en educación inicial, en las personas con mayores ingresos, fue cien veces más que la realizada en las infancias de menores recursos. En el agregado, los hogares del decil X destinaron para estancias infantiles y para el cuidado de la niñez un mil 175 millones de pesos (mdp), mientras que el primer decil acumuló 9 mdp. Estas inequidades en la inversión en educación inicial pueden exacerbar las desigualdades existentes. Las infancias que hayan recibido educación de calidad y servicios de salud tendrán mejores oportunidades de desarrollo en el futuro. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado que se pongan en marcha políticas públicas que aseguren que las infancias, especialmente las que se encuentran en los estratos con menos recursos, puedan contar con servicios de educación inicial y cuidado de calidad.
Actualmente, el gobierno federal destina 10 mil 315 mdp para el desarrollo infantil temprano, según lo identifica el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP). Este monto equivale a 0.03 puntos del PIB. En contraste, el gasto en pensiones supera el 5 por ciento del PIB. Lo que pone en evidencia la inequidad intergeneracional que, de no corregirse, tendrá efectos de largo plazo en la vida de las personas en todo México.
Además de la inversión identificada en los programas que contribuyen directamente al desarrollo infantil temprano, existen los programas impulsados a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El presupuesto asignado a estos organismos es de 73.4 y 4 mil 065.8 mdp, respectivamente. En suma, representan el 0.071% del gasto programable; menos de una diezmilésima de PIB.
Por un lado, el SIPINNA desarrolla y articula estrategias entre los diferentes entes de gobierno para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otro, el DIF tiene como objetivo principal otorgar protección social a quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad, incluyendo a las infancias.
A pesar de los limitados recursos, el SIPPINA ha dirigido el Programa Nacional de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, que tiene una calificación media-alta en el Índice de Seguimiento al Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, ha promulgado las estrategias nacionales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y la de Atención a la Primera infancia (ENAPI), que considera la Ruta Integral de Atenciones de la Primera Infancia. Estas acciones promueven la atención de los derechos de la niñez desde los primeros años de vida.
En contraste, la atención que se brinda a través del DIF tiene enfoque en las personas que han visto vulnerados sus derechos, incluyendo a la primera infancia. El DIF es un organismo descentralizado en la Secretaría de Salud. A pesar de tener un mayor presupuesto que el SIPINNA, el programa a cargo del DIF tiene una baja calificación en el Índice de Seguimiento al Desempeño, por lo que existen áreas de mejora en la gestión de los recursos públicos otorgados a este programa.
Para reducir desigualdades se requiere impulsar inversiones desde la primera infancia. Sin embargo, los cambios en la política deben ser estratégicos. Ante los limitados recursos públicos que se tienen es necesario que las reasignaciones se hagan donde se garantice una buena gestión de las finanzas públicas. También es imperante que el ente articulador de las políticas para la atención de la primera infancia tenga las potestades y capacidades institucionales suficientes para convocar a los distintos entes de los sectores público, privado y social. Las políticas públicas y las inversiones que de allí se generen podrán romper con las injusticias sistémicas que han persistido por años, disminuir desigualdades y ser detonantes del desarrollo.
* Es profesora del Departamento de Economía del Tec de Monterrey y socia fundadora del CIEP. Se especializa en estudios del presupuesto y gasto público, economía de los cuidados, género y el desarrollo sostenible. Es Doctora en Políticas Públicas, Maestra en Administración Pública y Políticas Públicas y Licenciada en Economía. Trabaja por una sociedad mejor informada y más participativa de los temas fiscales con perspectiva de género y la equidad intergeneracional.
El CIEP es un centro de investigación de la sociedad civil sin fines de lucro ni agenda partidista; provee información y análisis relevantes y técnicamente sólidos para mejorar y democratizar la toma de decisiones en economía y finanzas públicas.
