Vivimos en una sociedad tan competitiva, ambiciosa y a la vez cobarde que el hecho de calificar y ser calificado se ha vuelto un acto cotidiano y trascendente.
Por eso los repartidores y los choferes de Uber, Didi, Rappi, y cualquier otra aplicación son tan celosos de “las 5 estrellas”, pues con una que les baje, los viajes empiezan a demorarse, las rutas se vuelven más peligrosas, y lo más importante, el ingreso se resiente al final de la jornada.
Se califica la comida de un restaurante, la limpieza de un hotel, el cuerpo de una mujer y la aptitud de un hombre, y como consecuencia (o tal vez origen) de todas estas evaluaciones, se califica también el riesgo de impago de la deuda emitida por municipios, empresas y países.
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Ese es el nicho de negocios como Standard & Poor’s (S&P), Fitch o Moody’s. Ponerle 5 estrellas, “Excelente Servicio”, al crédito contratado por aquella compañía sólida dispuesta a hacer lo-que-sea para no quedarle mal a sus acreedores; y cero puntos, “Pésima Experiencia”, a la de aquellas que a todas luces están a punto de tronar.
Pero al igual que ocurre con los cientos y hasta miles de likes que se registran en Instagram, los puntitos de las calificadoras de valores también se compran, se venden, se maquillan y hasta se inventan. De tal manera que, a la hora de la verdad, lo que muchos creían que era una belleza termina siendo un adefesio.
Apenas en noviembre pasado Fitch otorgaba la máxima calificación en escala local, ‘A(mex)’, a Crédito Real y consideraba que sus planes para reducir deuda “tienen buena probabilidad de ocurrencia en los próximos seis meses”. Cuando desde hace al menos un par de años, una lectura apenas superficial de sus estados financieros era suficiente para levantar dudas sobre su viabilidad.
Como siempre las señales ahí estaban, a la vista de todo aquel que quisiera verlas, y fueron empeorando cada vez más rápido hasta que el pasado 9 de febrero la empresa fue incapaz de pagar el vencimiento de una deuda por 170 millones de francos suizos.
Pero el que paga manda, y en ese mundo torcido que es la calificación de valores, es la propia empresa, es decir Crédito Real, la cual todavía al día de hoy le paga a las calificadoras para que den su “opinión objetiva” sobre su desempeño; con el previsible resultado de que ambas mantuvieron su calificación de SOLVENTE hasta cinco días antes del impago.
Preocupados por este evidente conflicto de interés, y no por el de la “señora que al parecer tiene dinero” o el del empresario Daniel Chávez, al que el gobierno le ha concesionado desde un aeropuerto hasta una playa privada a cambio, entre otras cosas, de que le invente un “empleo” al hijo del Presidente; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tomó la inusitada decisión de tratar de hacer algo más allá de emitir una alerta.
Y para lograrlo implementaron la que desde hace ya tres años es la receta de la casa en esta administración, es decir, una mezcla de ocurrencias, incompetencia, y desprecio por la ley.
Ocurrencia porque su solución para evitar chanchullos fue mandar a las calificadoras a que revisaran físicamente los activos que respaldan las bursatilizaciones. Lo anterior implica que, en una sola de las cientos de evaluaciones que realizan, los analistas de las calificadoras tendrían que visitar, una por una, 4,000 casas dispersas por todo el país, las cuales respaldan deuda de organismos como el Infonavit y el Fovissste, y de las que es imposible conocer las triquiñuelas de construcción que esconden entre sus muros.
Incompetencia porque de acuerdo con fuentes internas del propio S&P, la calificadora estuvo buscando durante meses a los funcionarios responsables de implementar el cambio en las metodologías, pero estos nunca se dignaron en contestarles el teléfono o responderles los correos, y solo despegaron la espalda baja de la silla cuando la empresa anunció que retirará sus calificaciones para el área de financiamiento estructurado en el país.
Desprecio por la ley porque de acuerdo con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores, la verificación de la veracidad de los datos proporcionados por las emisoras es responsabilidad exclusiva de los auditores y no de la calificadora, de tal manera que si S&P aceptara participar en todo este disparate, estaría violando la normatividad que lo regula en primer lugar.
Si la CNBV tuviera idea de lo que está haciendo, buscaría apretar a despachos como KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst and Young, o Deloitte, y no solamente tratar de cargarle todo el muerto a S&P.
Pero eso implica que una dependencia de gobierno se ponga a cumplir con sus responsabilidades mínimas, y como bien demuestran los ataques a la prensa en medio del desastre sanitario, económico y de seguridad que atraviesa el país; las prioridades actuales de esta administración son claramente otras.
*Amin Vera es director de análisis económico en Black WallStreet Capital. Esta columna no representa necesariamente la opinión del EL CEO.
