Cuando los ciudadanos invertimos nuestros ahorros, necesitamos saber si lo que compramos es barato, caro, seguro o arriesgado.
A su vez, las empresas y gobiernos buscan enviar una señal de solvencia para acceder a mejores condiciones financieras a la hora de emitir bonos de deuda.
Como la mayoría de nosotros no entendemos mucho del tema, aparecen unas empresas que llevan a cabo esta evaluación por nosotros: las agencias calificadoras.
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Las tres grandes empresas del sector, Standard & Poor´s, Moody´s y Fitch Ratings han ofrecido sus servicios durante más de 100 años (la primera fundada en 1860). Su permanencia a lo largo de las décadas es reflejo de la utilidad de sus análisis para todos los inversionistas que necesitamos una voz experta a la hora de comprar productos financieros.
Los inversionistas confían en las calificaciones otorgadas por las agencias para tomar decisiones de inversión. Estas calificadoras reducen la asimetría de la información al dotar de datos a los operadores sobre la capacidad de respuesta de una empresa o gobierno con respecto a sus obligaciones financieras.
Por facilidad, las agencias le asignan a cada grado de riesgo una letra o número acompañados de algún signo, de acuerdo con una escala que es de conocimiento universal y permite comparar la probabilidad de que los agentes incumplan sus obligaciones.
Agencias calificadoras ‘pierden’ credibilidad
A pesar de eso, las agencias se convirtieron en una burla mundial a raíz de la crisis financiera de 2008-2009.
La razón es que, a solo unos días antes de que Lehman Brothers anunciara su quiebra, las agencias decían que invertir en ese banco no tenía ningún riesgo.
También tuvieron fallas durante la gran depresión de 1929, el lunes negro de 1987, la valuación de la empresa Enron en 2001 y de Islandia en 2010. Digamos que en los periodos de alta complejidad, cuando más se les necesita, no han salido bien libradas.
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En México, las agencias están en el centro de la noticias estas últimas semanas porque se han pronunciado sobre las notas soberanas y de Pemex.
La pregunta es ¿por qué seguimos leyendo sus informes y martirizándonos/regocijándonos cada vez que rebajan/aumentan la calificación de algún país/empresa si, desde el 2008, pensamos que no saben hacer bien su trabajo?
La razón es que todos, incluidos los gobiernos, estamos obligados a escucharlos y leerlos. La culpa, por más irónico que parezca, es que la regulación que nos exige a ello, la imponen los mismos políticos que las critican.
Calificadoras, ¿un ‘mal necesario’?
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con base en la Ley de Mercado de Valores autoriza y regula a las instituciones calificadoras. Pemex, en su reglamentación, la obliga a tener por lo menos dos agencias para su evaluación de riesgos.
Por ejemplo, los fondos de pensiones (Siefores) solo pueden invertir el dinero en activos calificados como “seguros” o con “grado de inversión”. Y seguramente usted, amable lector, ya adivinó que estos activos son calificados como seguros por las agencias de rating.
Por si fuera poco, las actividades de esas entidades están rodeadas de probables situaciones relacionadas con conflictos de intereses y con dificultades a nivel interno para el correcto desarrollo del proceso de calificación.
Uno de estos conflictos es conocido como el “emisor paga”, el cual surge cuando la empresa que va a ser evaluada es también un cliente que proporciona un pago a la agencia.
Este es quizá el problema más grave, ya que incentiva, especialmente a las agencias más pequeñas o nuevas, a otorgar calificaciones acordes a las necesidades del inversionista, dejando de lado la calidad e imparcialidad que debe tener este proceso.
Las agencias de rating juegan un papel importante en la economía mundial a pesar de que hayan cometido errores garrafales. Dirían los economistas, quizá no son el óptimo de Pareto, pero sí un second best a la hora de evaluar riesgos.
Lo que sí, conviene tener en mente que no todo lo que digan es ley escrita en piedra. No son infalibles y no necesariamente hacen la mejor evaluación del riesgo.
*James Salazar Salinas es subdirector de análisis económico de CI Banco. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor.
